EE.UU. incluyó hoy a Cuba, Venezuela y Ecuador en su lista de países que menos respetan los derechos humanos en el mundo, y alertó de la corrupción, la impunidad, la falta de independencia judicial y las restricciones a la libertad de expresión como principales problemas de toda Latinoamérica.
En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, relativo a 2013 y enviado hoy al Congreso, el Departamento de Estado incluye por primera vez en varios años a Ecuador dentro de los países de especial preocupación, y elimina de ella a Honduras, mencionado en esa categoría en el informe de 2012.
Cuba y Venezuela, por su parte, repitieron mención en la lista, en la que aparecen año tras año desde hace al menos una década, y que los legisladores estadounidenses tienen en cuenta a la hora de conceder o no ayuda exterior a los países.
«Seguiremos apoyando a aquellos sin voz en Venezuela, donde el Gobierno ha enfrentado a los manifestantes pacíficos desplegando justicieros armados, encarcelando a estudiantes y limitando gravemente las libertades de expresión y asamblea», dijo el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, al presentar el informe.
«La solución a los problemas de Venezuela no se encontrará a través de la violencia, sino del diálogo», agregó en referencia a las protestas que vive el país desde hace dos semanas.
Pese a la mención de Kerry, las manifestaciones en Venezuela no entran en el periodo analizado en el informe, que se limita al año 2013 y cita como principales violaciones en ese país la «corrupción, la politización del sistema judicial y los actos del Gobierno para impedir la libertad de expresión y restringir la de prensa».
En el caso de Ecuador, el recorte a las libertades de expresión, prensa y asociación son la razón principal que cita EE.UU. para incluir al país entre los menos respetuosos con los derechos humanos, además de la falta de independencia del poder judicial.
Cuba repite en el mismo apartado porque el Gobierno reprimió las libertades de expresión y asamblea mediante «amenazas, intimidación, violencia» y detenciones temporales «sin justificación legal».
En México, el informe denuncia que «la impunidad generalizada y la corrupción siguieron siendo problemas graves, especialmente en los niveles estatales y locales, en las fuerzas de seguridad, y en el sector judicial», y también fue un problema la violencia de las organizaciones criminales, incluida contra mujeres y periodistas.
A Colombia, por su parte, le afectaron en 2013 la impunidad y la ineficiencia del sistema judicial, además de la corrupción gubernamental y discriminación de los indígenas.
En Bolivia, el informe critica la «corrupción generalizada y la ineficiencia en el sistema judicial», así como problemas en el debido proceso y la violencia contra las mujeres.
Respecto a Perú, Estados Unidos destaca el problema de la «corrupción que socava la aplicación de la ley», además de «la violencia contra las mujeres y los niños, la trata de personas» y las duras condiciones de las prisiones peruanas.
En el apartado de Centroamérica vuelve a sobresalir Honduras, que en 2012 entró en la «lista negra» de EE.UU. debido en parte a los asesinatos cometidos por la policía.
Aunque este año el Departamento de Estado no considera tan grave la tendencia, sí señala que en 2013 hubo homicidios «arbitrarios» cometidos por las fuerzas de seguridad, a los que se suma una corrupción y debilidad institucional que generan una «impunidad generalizada».
También en Guatemala hay «una corrupción generalizada institucional, en particular en los sectores policial y judicial», mientras que El Salvador sufre «corrupción generalizada, deficiencias del sistema judicial y un alto nivel de impunidad».
En Nicaragua, a Estados Unidos le preocupa la concentración de poder en un Ejecutivo «cada vez más autoritario» que restringe «el derecho al voto» y favorece la impunidad; mientras que en Costa Rica y en Panamá el informe cita la duras condiciones carcelarias y las demoras en los procesos judiciales.
Respecto al Cono Sur, en Paraguay la impunidad es la situación «predominante» en los procesos judiciales, junto con la implicación de la policía en actividades criminales, incluidos asesinatos, según el informe.
En Argentina, las principales violaciones son la «tortura» por parte de las policías provinciales, las «duras» condiciones en prisión y la violencia de género, mientras que en Uruguay preocupa la «aglomeración de las cárceles» y la trata de personas.
Chile registró en 2013 «discriminación» contra las poblaciones indígenas, así como contra mujeres, lesbianas, gais, bisexuales y transexuales; además de «numerosos» abusos policiales contra comunidades mapuches, de acuerdo con el documento.
Washington, 27 feb (EFE).-
