Las tramas de espionaje reaparecieron hoy en la política colombiana con denuncias sobre una supuesta central de inteligencia militar clandestina que operaba desde un local de fachada y que tenía en la mira, entre otros, a los negociadores del Gobierno en las conversaciones de paz con las FARC.
El nuevo episodio, revelado por la edición digital de la revista Semana, se hizo público cuando el país todavía no ha conocido una sola condena por el anterior escándalo de escuchas ilegales, que estalló en 2009 en el seno del desarticulado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Al tratarse en esta ocasión de una conspiración urdida al parecer por unidades de inteligencia del Ejército y sin el consentimiento del Gobierno, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, condenó el hecho y exigió una investigación «a fondo» del caso, que atribuyó a «fuerzas oscuras».
Horas después, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció el «relevo» del jefe de Inteligencia del Ejército, general Mauricio Ricardo Zúñiga, y del director de la Central de Inteligencia Técnica de esa fuerza (Citec), general Oscar Zuluaga.
Pinzón dijo después de una prolongada reunión con el fiscal general colombiano, Eduardo Montealegre, que en la mañana de este martes se abrió una «investigación disciplinaria» del caso que debe rendir su informe al término de la próxima semana.
Añadió que «la Justicia Penal Militar ha abierto sus investigaciones preliminares», paralelas a otra de la Fiscalía que busca establecer si hubo «extralimitación de funciones» por parte de miembros de la inteligencia militar.
De acuerdo con la investigación de Semana, un capitán que pertenece al batallón de Inteligencia Técnica del Ejército Número 1 dirigió desde septiembre de 2012 un centro de interceptación en un local que funcionaba como restaurante y como escuela de informática para «hackers».
Los supuestos espías interceptaban correos electrónicos, bases de datos y comunicaciones por teléfono celular en programas de mensajería instantánea.
Entre ellos había militares y civiles reclutados en convenciones informáticas, y entre los «blancos», un recurrente grupo de activistas y políticos de izquierdas en los episodios de espionaje, como la exsenadora Piedad Córdoba y el representante a la Cámara baja Iván Cepeda.
Pero en este caso, también estarían afectados representantes del Gobierno en las conversaciones de paz con las FARC en Cuba: el jefe negociador y exvicepresidente Humberto de la Calle, y el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, además del director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Alejandro Eder.
El presidente Santos afirmó que «no es aceptable bajo ningún punto de vista que esa inteligencia se haga contra ciudadanos legítimos comunes y corrientes, y mucho menos contra funcionarios del propio Estado. Específicamente contra los negociadores es algo totalmente inaceptable».
Por eso, el mandatario ordenó al ministro de Defensa y a los comandantes de la fuerza pública que determinen «hasta dónde ha podido llegar este uso ilícito de la inteligencia, quién puede estar interesado en grabar e interceptar a nuestros negociadores de paz».
«Estas fuerzas oscuras que están tratando de sabotear procesos como el proceso de paz, ¿tienen contactos internos?, ¿qué buscan? Eso es lo que quiero que se investigue a fondo», dijo Santos al preguntarse si hay «ruedas sueltas en el Ejército» y «a quién están informando».
De acuerdo con medios locales, hay más instituciones que han podido ser investigadas por esas «fuerzas oscuras».
El diario El Tiempo indica que la Fiscalía y la Policía también fueron víctimas de las interceptaciones del Ejército y que en un principio esa central clandestina tenía objetivos «estratégicos», hasta que una orden provocó un giro en las investigaciones hacia los propios miembros del Estado.
El caso fue remitido el pasado jueves a un fiscal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del ente acusador, y en tiempo récord se ordenó un registro del local, durante el que fueron incautados 26 computadores y detenidas durante horas cinco personas que ofrecieron su declaración ante la Fiscalía.
Las autoridades colombianas investigarán ahora este nuevo capítulo de espionaje, mientras todavía hay grandes interrogantes sobre las escuchas del DAS durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien siempre ha negado su implicación en ese asunto y también se desmarcó del escándalo que estalló este martes.
«Este Gobierno, especializado en la corrupción de ocultar, tiene que decirle la verdad al país sobre esa agencia (de espionaje)», manifestó en un comunicado el expresidente Uribe, ahora candidato al Senado y fuerte crítico de la gestión de Santos y del proceso de paz.
Bogotá, 4 feb (EFE).-
