Un grupo de ciudadanos colombianos, entre ellos el exalcalde de Bogotá Jaime Castro, presentaron hoy un documento a la CIDH en el que piden que no conceda medidas cautelares al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, porque si lo hace puede sentar un «precedente negativo» en Colombia.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, recibió esta mañana al grupo, que le entregó un documento «amicus curiae» en el que argumentan que la comisión no debe mediar en el caso porque aún no se han agotado todas las instancias en Colombia y se ha respetado el debido proceso.
«La injerencia de la comisión no es procedente ni oportuna; solamente lo sería en caso de que se pudiera demostrar que se necesita un apoyo subsidiario, y nuestra posición es la de defender que la institucionalidad interna ha surtido sus efectos», dijo a Efe Marcela Prieto, directora del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.
Según Prieto, que estuvo presente en la reunión, si la comisión decide conceder las medidas cautelares «puede ser un precedente negativo, al menos en el caso de Colombia» que «ha logrado demostrar que tiene unas instituciones que respetan el debido proceso», como su Corte Constitucional.
Además, argumentó que en Colombia «no solamente no se han agotado» las instancias internas, sino que «ya se ha demostrado que dentro de nuestra institucionalidad, a nivel interno, se ha garantizado todo el debido proceso, no se ha violado ninguna de las instancias a las cuales puede apelar el alcalde».
Junto a Prieto y Castro, estuvieron presentes en la reunión de hoy el exalto comisionado de Paz colombiano Víctor G. Ricardo, el excongresista Mario González y el empresario Juan Esteban Orrego.
Petro fue destituido e inhabilitado durante 15 años el pasado 9 de diciembre por el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, por el supuesto mal manejo de una crisis en la recolección de basuras, en diciembre de 2012.
Los abogados del alcalde urgieron la semana pasada a la CIDH a conceder en cuestión de días las medidas cautelares a favor de su cliente por la presunta violación de sus derechos políticos, pese a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió la semana pasada de forma transitoria la sanción que le fue impuesta a Petro, en respuesta a un recurso de tutela.
De acuerdo con Prieto, Álvarez Icaza les explicó hoy que la CIDH «ha tenido muchísimo cuidado» durante el proceso y «ha evaluado cada uno de los pasos que se han venido dando de manera mesurada, teniendo en cuenta las implicaciones que puede tener cualquier decisión que se tome».
«Ellos han estado al tanto de todos los procesos, se están tomando su tiempo, y tampoco se trata de que la presión por parte de los abogados del doctor Gustavo Petro vaya a incidir en que su decisión se adelante o no», opinó Prieto.
«Lo que ellos decidan no solamente va a tener una repercusión hacia adelante e incluso muy posiblemente también con carácter retroactivo en Colombia, sino que también esto puede tener repercusión en otros países de la región», agregó.
El documento presentado hoy, al que tuvo acceso Efe y que cuenta con una treintena de firmas, argumenta formalmente que la comisión, «dados los antecedentes jurisprudenciales del sistema, debe rechazar in limine la petición (de medidas cautelares) porque el tema ha sido resuelto ya por la Corte» Constitucional colombiana.
Alega, además, que debe rechazarla «porque aún no se han agotado los recursos internos y porque no existen las condiciones de gravedad y urgencia que pongan en riesgo la vida o integridad de ninguna persona, requisitos sine qua non para la aplicación de medidas cautelares».
Washington, 29 ene (EFE).-
