La Procuraduría de Colombia confirmó hoy la destitución e inhabilitación por quince años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuya continuidad en el cargo depende ahora del presidente de la República y de las posibles medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría, organismo administrativo independiente que ejerce las funciones de Ministerio Público en el país, confirmó hoy la sentencia del pasado 9 de diciembre que destituyó e inhabilitó a Petro por «tres faltas gravísimas» en la implementación de un nuevo modelo de recolección de basuras en la capital colombiana en diciembre de 2012.
Este mismo lunes, antes de confirmarse la sentencia, el procurador general, Alejandro Ordóñez, negó una recusación interpuesta el 31 de diciembre en su contra por Petro para que fuese otro funcionario el encargado de analizar la apelación presentada ese mismo día por el burgomaestre.
Nada más conocer la confirmación de la sentencia, Petro, un exguerrillero del movimiento M-19, convocó a la ciudadanía a salir a la calle en una manifestación «masiva» y «permanente» para oponerse al fallo que considera un «golpe de Estado» de la derecha más radical, encarnada por Ordóñez, contra la «Bogotá Humana», el programa bandera de su administración.
«Desde Bogotá convocamos a todas las fuerzas democráticas del país, a toda la ciudadanía a movilizarnos contra el golpe de Estado», escribió en su cuenta de Twitter el alcalde, del movimiento Progresistas.
Horas después, unos centenares de simpatizantes de Petro se habían congregado en la céntrica Plaza de Bolívar para expresarle su respaldo, mientras el alcalde permanecía reunido en su despacho con su equipo de abogados estudiando nuevas alternativas para su defensa.
Tras la ratificación de la sentencia, la continuidad de Petro en la Alcaldía ha quedado en manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que es quien, una vez reciba oficialmente el fallo, debe firmar la destitución del funcionario.
Petro y sus abogados esperan que antes de que Santos ejecute la sanción, la CIDH adopte las medidas cautelares pedidas en su caso, que le permitirían continuar en el cargo al menos provisionalmente.
El abogado Rafael Barrios, que representa a Petro ante la CIDH, urgió hoy a ese organismo a que tome las medidas cautelares pedidas porque si lo hace después de que Santos firme la destitución de Petro no servirán de nada.
«Si las medidas de la CIDH llegan después de la firma del presidente, ya no habría nada que hacer. Ahí el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), pero tardaría unos cuatro años que le devolvieran los derechos políticos a Petro», manifestó el letrado.
En unas declaraciones que dio hoy a la prensa antes de que se confirmara la sentencia, el procurador Ordóñez dijo que las medidas cautelares «no son vinculantes» porque «el sistema interamericano es una justicia complementaria, no alternativa».
Petro, que fue elegido por voto popular para el periodo 2012-2015, acaba de superar el ecuador de su mandato y si se hace efectiva su destitución, el presidente debe nombrar un alcalde encargado mientras se convocan unas elecciones para escoger a quien completará su periodo, según diversos juristas.
La Alianza Verde, que respalda a Petro, instó a Santos a que «salvaguarde el orden institucional y se abstenga de hacer efectiva esta destitución» hasta que la CIDH se pronuncie sobre las medidas cautelares.
Por su parte el representante a la Cámara Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático, invitó a la ciudadanía a «asumir un compromiso vertical, a salir a la calle a apoyar al alcalde, a la Bogotá Humana».
En caso de que se concrete la destitución de Petro se cancelaría el referendo convocado para el próximo 2 de marzo en el que los bogotanos decidirán si revocan o no el mandato del alcalde, opinó hoy el titular de la Registraduría Nacional (órgano electoral), Carlos Ariel Sánchez.
Este referendo fue convocado por la autoridad electoral tras validar las firmas ciudadanas presentadas por opositores al alcalde, que los acusan de mala gestión administrativa.
Bogotá, 13 ene (EFE).-
