La Procuraduría de Colombia confirmó hoy el fallo de destitución e inhabilitación por quince años contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, decisión sobre la que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tendrá la última palabra.
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría, organismo administrativo independiente que ejerce en Colombia como Ministerio Público, anunció hoy esta decisión que confirma el fallo del pasado 9 de diciembre de 2013.
La Procuraduría «encontró disciplinariamente responsable al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su condición de alcalde mayor de Bogotá, por la realización de tres faltas gravísimas en la implementación del nuevo modelo de aseo en la ciudad de Bogotá» en diciembre de 2012.
Petro transfirió a una empresa pública el sistema de recolección de basuras que estaba en manos de cuatro compañías privadas, lo que durante tres días causó una crisis en la recogida de desechos.
En la sentencia inicial, la Procuraduría alegó que la decisión de Petro constituyó una «violación de los principios constitucionales de la libertad de empresa y de la libre competencia» y además puso en riesgo la salud pública.
El alcalde izquierdista y exguerrillero del desmovilizado M-19 había interpuesto el pasado 31 de diciembre un recurso de reposición de esa decisión que ha considerado como un «golpe de Estado» del procurador general, Alejandro Ordóñez, por motivos ideológicos y políticos.
Petro también había recusado a Ordóñez y a dos viceprocuradores de la Sala Disciplinaria para apartarlos del caso, al opinar que habían tomado esa decisión de forma parcial, lo que los tres rechazaron.
El procurador tendrá ahora que comunicar esta decisión al presidente Santos, que es el funcionario competente para la ejecución de la sanción según el Código Disciplinario Único y en cuya mano está mantener o no la destitución e inhabilitación de Petro.
Además de recurrir la reposición del fallo, Petro pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la «persecución política» a la que se siente sometido.
Por eso, el pasado viernes pidió al presidente que tenga en cuenta la determinación de la CIDH antes de ejecutar o no su destitución, para permitir así que se mantenga la convocatoria a un referendo revocatorio el próximo 2 de marzo, derivado de una iniciativa paralela que contó con el respaldo de firmas ciudadanas.
Tras conocer esta decisión en un acto público, el alcalde convocó a la ciudadanía a una manifestación «masiva» y «permanente» en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, donde ya se han celebrado al menos siete manifestaciones con decenas de miles de simpatizantes.
«Desde Bogotá convocamos a todas las fuerzas democráticas del país, a toda la ciudadanía a movilizarnos contra el golpe de Estado», manifestó Petro en su cuenta de Twitter.
Bogotá, 13 ene (EFE).-
