La Iglesia católica de El Salvador aseguró hoy que no va «a permitir a nadie» sustraer el archivo de su clausurada oficina de Derechos Humanos, que contabiliza más de 50.000 denuncias de violaciones, en su mayoría cometidas durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
«El archivo es de la Iglesia y no vamos a permitir a nadie sustraerlo, ni sustraer ninguna de sus partes, pues es nuestro deber custodiarlo y ponerlo al servicio de la justicia en favor de las víctimas», dijo hoy el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, al leer un comunicado en su tradicional misa dominical.
Así se pronunció, luego de dar a conocer que el viernes pasado la Fiscalía General de la República intentó «incautar» el archivo de la disuelta oficina «Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador».
La Iglesia católica salvadoreña cerró el pasado 30 septiembre su oficina de derechos humanos para convertirla en otra dependencia porque descubrió «irregularidades» administrativas, expresó en su momento Escobar Alas.
El prelado, tras finalizar la misa, en su tradicional conferencia de prensa, enfatizó que el archivo de la extinta Tutela Legal «es propiedad de la iglesia» y no van «a permitir que estos archivos salgan».
Además, indicó que pesé a que evitaron la incautación del archivo, este quedó en «situación de resguardo» en las instalaciones del arzobispado, el cual va estar siendo vigilado por personal de la Fiscalía y de la Iglesia.
Por lo que señaló que solicitará a la Fiscalía que les permitan continuar con el inventario del archivo, en el que se presume hay más de 50.000 denuncias de violaciones de los derechos humanos, en su mayoría cometidas durante el conflicto armado interno.
Entre las principales investigaciones de Tutela Legal está la del asesinato del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, perpetrado por un francotirador desconocido cuando el prelado oficiaba misa en una capilla de San Salvador, el 24 de marzo de 1980, además de varias masacres cometidas por militares.
«Nosotros no estamos dispuestos a permitir que ellos (fiscales) toquen los documentos», sino solo «las personas que están autorizadas por nosotros, que son sacerdotes en su mayoría», indicó Escobar Alas.
En la Iglesia «estamos comprometidos a guardar total confidencialidad de las víctimas», añadió.
Aunque aclaró que la Fiscalía y la personas en general podrán tener acceso a él siempre y cuando «legitimen su solicitud».
«Dentro de un caso judicial en beneficio de las víctimas no podemos nosotros obstaculizar la justicia, al contrario (…) el archivo tiene esa finalidad que pueda servir a favor de las víctimas», destacó.
San Salvador, 20 oct (EFE).-
