Tras sortear el viento en contra de unas elecciones ganadas por estrecho margen, Nicolás Maduro arriba mañana a los seis meses como jefe de Estado de Venezuela, tiempo que ha dedicado, ha dicho, a enfrentar guerras económicas y políticas que le declararon enemigos internos y externos.
En estos seis meses de «guerra» Maduro tomó la decisión de echar del país a diplomáticos de Estados Unidos por supuestamente alentar a la «derecha» venezolana a hacer actos de sabotaje contra su Gobierno y al mismo tiempo amenazó con cárcel a varios de los principales líderes de la oposición.
No ha tenido tregua como gobernante. Se le ha cuestionado desde el mismo 14 de abril cuando ganó los comicios con apenas 1,49 puntos porcentuales, triunfo que aún no reconoce su adversario, el líder opositor Henrique Capriles, que pidió la impugnación de las elecciones por considerarlas fraudulentas.
Además, el peso de ser el sucesor del carismático líder que fue Hugo Chávez (1999-2013), fallecido en marzo pasado, le ha valido no pocas críticas por parte de muchos identificados como chavistas y que esperan de él la continuidad del proyecto de la «revolución bolivariana» con la contundencia de su predecesor.
El actual presidente ha procurado mantener el ritmo de Chávez en apariciones públicas transmitidas por radio y televisión que tienen una frecuencia casi diaria y que le han servido para denunciar públicamente una supuesta guerra económica y también «psicológica», además de un sabotaje eléctrico.
Estas guerras, supuestamente financiadas por Estados Unidos y ejecutadas por la oposición venezolana, serían según el gobernante las causantes de una crítica situación económica que se traduce en una agudizada escasez de productos de la cesta básica y una inflación que ya supera el 38 % en lo que va de año.
El último frente que el presidente ha abierto es el de la lucha contra la corrupción, una contienda que se traza a falta de menos de dos meses para las elecciones municipales, comicios que han sido elevados por la oposición al equivalente a un plebiscito a Maduro para llamar a la participación.
La lucha contra la corrupción fue el principal argumento que esgrimió el jefe de Estado el pasado día 8 para solicitar poderes especiales para legislar sin control parlamentario, en medio de una gran controversia y acusaciones de la oposición de querer esas facultades para perseguir a sus adversarios.
«El éxito del señor Maduro es haberse mantenido durante seis meses en el ejercicio del poder contra la dificultad del resultado electoral, la fragilidad de las instituciones y la debilidad de su propio mensaje», dijo a Efe el constitucionalista, escritor e historiador Tulio Álvarez.
El también profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) opinó que el país «se está diluyendo institucionalmente» pues a su juicio las instituciones responden al Gobierno, por lo que este actúa «sin ningún tipo de control», lo que ha exacerbado la corrupción que ahora el Gobierno quiere combatir.
Los controles, en cambio, se pueden observar en la política económica del Gobierno que, lejos de atajar el desabastecimiento, la inflación y la corrupción, lo que han hecho es, según Álvarez, «promover estos problemas».
El sector empresarial venezolano ha señalado que el control de cambio que rige en el país desde el 2003, la nueva Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de Costos y Precios Justos promulgada hace dos años han llevado a un aumento de la inflación, la escasez y la paralización de la economía.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Nicmer Evans, cree que el Gobierno ha tomado medidas para definir su modelo económico pero aún debe tomar otras «más definitivas» que, opina, se anunciarán según los «ritmos electorales», para lo cual se está «preparando el terreno».
A juicio de Evans, que se ha definido afín al «proceso revolucionario» que inició Chávez, es «un acierto» de Maduro el apelar a la «ética política» y emprender la lucha contra la corrupción, aunque sea «riesgo electoral terrible».
En cuanto a los desatinos del «hijo de Chávez» en estos seis meses, Evans ubica en los primeros lugares «la criminalización de la crítica» y la falta de contundencia en el lanzamiento de medidas económicas.
Además, mira como un aspecto negativo la imposición de candidaturas oficialistas para las elecciones de diciembre en las que asegura que no se tomó en cuenta a los partidos que le apoyan.
Nélida Fernández/Caracas, 18 oct (EFE).-
