En las redes sociales y en actos políticos, Elon Musk se ha atribuido el mérito de liderar el equipo que está recortando el gasto supuestamente innecesario del gobierno estadounidense, e incluso llegó a agitar una motosierra en el escenario de una conferencia.
En el tribunal, la historia es diferente.
Durante una audiencia celebrada el lunes en un caso que intenta bloquear el acceso del equipo de reducción de costos de DOGE a los sistemas del Departamento del Tesoro, un juez federal presionó repetidamente a un abogado del gobierno para que aclarara quién está al mando. «¿Dónde está el señor Musk en todo esto?», preguntó la jueza de distrito estadounidense Colleen Kollar-Kotelly.
«No tengo ninguna información más allá del asesor cercano del presidente», respondió Bradley Humphreys, abogado del Departamento de Justicia.
«¿No puedes decirme qué papel desempeña?», insistió el juez.
Kollar-Kotelly no dijo si bloquearía a DOGE y a Musk de los sistemas de información del Departamento del Tesoro como se solicitó.
Las preguntas sobre el papel de Musk y las actividades del equipo, conocido como Departamento de Eficiencia Gubernamental, están en el centro de múltiples demandas que buscan bloquearles el acceso a los sistemas gubernamentales y recortar programas.
EL ESTATUS «ESPECIAL» DE MUSK
Muchas de las demandas alegan que Musk y DOGE están violando la Constitución al ejercer el tipo de vasto poder que solo proviene de agencias creadas a través del Congreso de Estados Unidos o nombramientos hechos con confirmación del Senado de Estados Unidos.
A pesar de las afirmaciones públicas de Musk de lo contrario, el Departamento de Eficiencia Gubernamental opera en gran secreto.
Las órdenes ejecutivas iniciales firmadas por el presidente Donald Trump para crear DOGE la describían principalmente como un organismo para modernizar el software, no como una agencia. La administración Trump designó a Musk como «empleado especial del gobierno».
Musk ha sido el rostro de DOGE desde sus inicios, pero el director de la Oficina de Administración de la Casa Blanca, Joshua Fisher, dijo en una presentación judicial del 17 de febrero que Musk no es el administrador de la organización ni siquiera un empleado de DOGE.
El martes, la Casa Blanca identificó a Amy Gleason como «administradora interina» de DOGE. Ella no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada a la administración Trump.
‘DELIBERATIVO O NO’
La escasa información presentada en el tribunal sobre quién está ordenando el recorte de costos y cómo está funcionando ha llevado a algunos jueces a fallar a favor de Musk y DOGE, al menos por ahora.
Para bloquear los esfuerzos de Musk con una orden de restricción temporal, o TRO, los demandantes deben demostrar que sufrirán un daño inminente e irreparable sin ella, un obstáculo legal muy alto que superar.
En una audiencia la semana pasada en un caso presentado por sindicatos y fiscales generales estatales demócratas, la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan en Washington dijo que la falta de transparencia de DOGE dificultaba demostrar que estaba a punto de causar un daño irreparable.
«No sé si eso es deliberado o no, pero admito que es difícil ver qué sucederá a continuación y predecirlo y llegar a un daño concreto», dijo Chutkan en la audiencia del 17 de febrero.
Los estados le presentaron una extensa cobertura periodística sobre DOGE y Musk cerrando programas, accediendo a datos confidenciales, recortando fondos y despidiendo personal.
«Es un eufemismo decir que hay muchos informes de prensa», dijo Chutkan. «Pero los tribunales no pueden actuar basándose en los informes de los medios».
Ella denegó una orden de restricción temporal para impedir que DOGE acceda a información confidencial en siete agencias. El caso continuará y los fiscales generales buscarán pruebas para respaldar una orden judicial más permanente.
LA AGENCIA RICITOS DE ORO
En algunos casos, sin embargo, a pesar de señalar preocupaciones sobre la opacidad de DOGE, los jueces han encontrado que hay evidencia suficiente para pausar sus actividades.
La jueza de distrito estadounidense Jeannette Vargas bloqueó el viernes temporalmente el acceso de DOGE a los sistemas del Tesoro responsables de billones de dólares en pagos porque encontró que existía un peligro real de que se divulgara información confidencial.
Le preocupaba especialmente que el gobierno no supiera a qué información accedió Marko Elez, un ex ingeniero de software de las empresas de Musk que renunció a DOGE el 6 de febrero.
«Incluso ahora, semanas después de su partida, el Departamento del Tesoro todavía está revisando sus registros para determinar exactamente a qué accedió y qué hizo con su acceso», escribió Vargas en su fallo del viernes.
Los abogados del gobierno incluso han utilizado definiciones cambiantes para DOGE, lo que en un caso funcionó a su favor.
El juez de distrito estadounidense John Bates en Washington rechazó una solicitud de los sindicatos de una orden de restricción temporal contra Musk y DOGE.
Al hacerlo, Bates señaló que la administración Trump argumentó que DOGE era una agencia para cumplir con una ley conocida como Ley de Economía que permitía a DOGE asignar su personal a varias agencias gubernamentales.
Pero Trump creó DOGE como parte de la Oficina Ejecutiva del Presidente y, por lo tanto, no como una agencia sujeta a la Ley de Libertad de Información, una ley de registros abiertos conocida como FOIA.
El juez describió a DOGE en términos de cuento de hadas: «Una entidad ideal: no una agencia cuando es onerosa, sino una agencia cuando es conveniente».
