CIUDAD DE GUATEMALA — El presidente Donald Trump dijo el martes que estaba explorando si puede seguir adelante con la oferta de El Salvador de aceptar y encarcelar a criminales estadounidenses violentos en los “casos más severos”, aun cuando él y el secretario de Estado Marco Rubio dicen que plantea claros problemas legales.
Rubio llegó a un acuerdo inusual con el presidente salvadoreño Nayib Bukele un día antes de que el país centroamericano aceptara deportados estadounidenses de cualquier nacionalidad, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes legales que estén encarcelados por delitos violentos.
“Sólo digo que si tuviéramos el derecho legal de hacerlo, lo haría en un santiamén”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “No sé si lo haremos o no, lo estamos analizando ahora mismo”.
Horas antes, en una conferencia de prensa en San José junto al presidente costarricense Rodrigo Chaves, Rubio dijo que “obviamente hay cuestiones legales involucradas. Tenemos una Constitución”.
Rubio señaló que se trata de “una oferta muy generosa. Nadie ha hecho nunca una oferta como esa, y además para externalizar, a una fracción del coste, al menos a algunos de los criminales más peligrosos y violentos que tenemos en Estados Unidos”.
Rubio discutió la inmigración con Chaves —una prioridad de la administración Trump— mientras el principal diplomático de Estados Unidos también enfrenta una gran agitación en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que ha dejado a muchos en la agencia de ayuda y en el Departamento de Estado temerosos por sus trabajos.
Mientras Rubio ha estado en una visita a cinco países de América Central esta semana, el personal de USAID y los legisladores demócratas fueron impedidos de ingresar a su sede en Washington el lunes después de que Elon Musk, quien dirige un Departamento de Eficiencia Gubernamental que recorta el presupuesto , anunció que Trump había acordado con él cerrar la agencia de ayuda .
Miles de empleados de USAID ya habían sido despedidos y se habían cerrado programas en todo el mundo después de que Trump impusiera una congelación radical de la asistencia extranjera después de asumir el cargo. Rubio luego ofreció una exención para programas que salvan vidas, pero la confusión sobre qué está exento de las órdenes de suspensión de trabajos -y el temor de perder la ayuda estadounidense de manera permanente- sigue congelando la ayuda y el trabajo de desarrollo a nivel mundial.
“Yo diría que si una organización recibe fondos de Estados Unidos y no sabe cómo aplicar una exención, entonces tengo serias dudas sobre la competencia de esa organización”, dijo a los periodistas. “O me pregunto si la están saboteando deliberadamente con el propósito de hacer una declaración política”.
También dijo que “hace mucho tiempo que apoyo la ayuda exterior y sigo apoyando la ayuda exterior, pero la ayuda exterior no es caridad”. Señaló que cada dólar que Estados Unidos gasta debe promover su interés nacional.
En medio de la agitación en su país, Rubio y Chaves hablaron de los desafíos de inmigración y seguridad que enfrenta Costa Rica, que se ha convertido no solo en un país de tránsito para los migrantes que se dirigen a Estados Unidos, sino también en un destino para miles de nicaragüenses desde que ese país tomó medidas enérgicas contra la oposición a partir de 2018.
Costa Rica también ha luchado contra la creciente violencia relacionada con las drogas durante los últimos dos años. “También entendemos que necesitamos fortalecer nuestra lucha contra el crimen organizado internacional”, dijo Chaves, y agregó que Rubio había ofrecido continuar el apoyo de Estados Unidos a través de exenciones para permitir que esa asistencia extranjera siga fluyendo.
Luego de su encuentro con Chaves, Rubio llegó a la Ciudad de Guatemala para reunirse con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.
Un día antes, Rubio se reunió en San Salvador con Bukele, quien confirmó la oferta de deportación en una publicación en X, diciendo que El Salvador “ha ofrecido a los Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario”.
Bukele dijo que su país aceptaría sólo a “criminales convictos” y cobraría una tarifa que “sería relativamente baja para EE.UU. pero significativa para nosotros, haciendo sostenible todo nuestro sistema penitenciario”.
El Departamento de Estado describe las superpobladas cárceles de El Salvador como “duras y peligrosas”. En su página web de información sobre el país se afirma que “en muchas instalaciones, las instalaciones sanitarias, el agua potable, la ventilación, el control de la temperatura y la iluminación son inadecuadas o inexistentes”.
El Salvador vive en estado de emergencia desde marzo de 2022, cuando las poderosas pandillas callejeras del país se lanzaron a una ola de asesinatos. Bukele respondió suspendiendo derechos fundamentales como el acceso a abogados, y las autoridades han arrestado a más de 83.000 personas sin apenas un debido proceso.
El Salvador vive en estado de emergencia desde marzo de 2022, cuando las poderosas pandillas callejeras del país se lanzaron a una ola de asesinatos. Bukele respondió suspendiendo derechos fundamentales como el acceso a abogados, y las autoridades han arrestado a más de 83.000 personas sin apenas un debido proceso.
La migración ha sido el tema principal para Rubio en su viaje por Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Pero lo han preocupado otros cambios que ha estado haciendo la administración Trump poco después de asumir el cargo.
Rubio dijo a los periodistas en San Salvador que ahora era el administrador interino de USAID, pero que había delegado esa autoridad para no tener que dirigir sus operaciones diarias. En una carta que Rubio envió a los legisladores y que fue obtenida por The Associated Press, dijo que el Departamento de Estado trabajaría con el Congreso “para reorganizar y absorber ciertas oficinas, departamentos y misiones de USAID”.
Dijo que los procesos en la agencia, que se ha visto afectada por la congelación de toda asistencia extranjera por parte de Trump, no están bien coordinados y eso “socava la capacidad del presidente para llevar adelante las relaciones exteriores”.
“En consulta con el Congreso, USAID puede trasladar, reorganizar e integrar ciertas misiones, oficinas y departamentos en el Departamento de Estado, y el resto de la Agencia puede ser abolida de conformidad con la ley aplicable”, escribió Rubio.
