TOCUYITO / VENEZUELA — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los calificó de terroristas en la televisión nacional. Los sacaron de farmacias, edificios de apartamentos y otros lugares y los encarcelaron durante meses. Muchos sufrieron palizas brutales, privación de alimentos y otras formas de tortura. Prácticamente todos desarrollaron infecciones estomacales y perdieron peso. Tres murieron.
Más de 2.200 personas fueron detenidas tras las elecciones presidenciales de julio en Venezuela , cuando estallaron disturbios civiles por la proclamación de la victoria de Maduro. Tras reprimir firmemente la disidencia, el gobierno ha liberado lentamente a casi 1.900 veinteañeros, en su mayoría pobres y sin afiliación política.
Los llorosos reencuentros con sus familiares, algunos tan recientes como el viernes, les han traído una inmensa sensación de alivio, pero ésta se desvanece cuando se dan cuenta de que no son verdaderamente libres, ni física ni mentalmente.
Ahora en casa, los ex detenidos, particularmente aquellos que participaron en las manifestaciones postelectorales, también deben lidiar con la decepción de que los votos que defendieron en las calles no sacaron a Maduro del poder ni produjeron el cambio que esperaban.
“Vuelves a casa, ves a tus seres queridos y te emborrachas de felicidad, pero 24 o 48 horas después, la realidad te golpea”, dijo a The Associated Press un hombre que estuvo detenido durante más de cinco meses. “¿Cuál es la realidad? Mis derechos fundamentales fueron violados y todavía estoy a merced del mismo gobierno”.
El hombre y los familiares de otros ex detenidos relataron cómo el aparato represivo del gobierno destruyó sus vidas después de las elecciones del 28 de julio. La mayoría habló bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno o su red de partidarios del partido gobernante que, mediante la fuerza física y el control de los subsidios estatales, reprimen la disidencia.
Los ex detenidos sufren insomnio, no pueden estar entre multitudes y tiemblan al ver a un policía. Tienen problemas cardíacos que no son típicos de los adultos jóvenes. Su situación económica es peor que antes de las elecciones y no pueden encontrar trabajo, en parte porque les requisaron el documento de identidad durante el arresto.
Se sienten doblemente insultados por tener que recurrir a los precarios programas de salud, alimentación y dinero en efectivo del gobierno, pero algunos no ven otras alternativas.
Las familias de los ex detenidos están endeudadas con usureros y conocidos, tras gastar cientos de dólares en transporte, comidas, medicinas, artículos de higiene personal y otros artículos que no les proporciona el sistema penitenciario. Algunas madres lloran por las noches. Otras cargan en silencio con la culpa que les produce tener a sus hijos de nuevo en casa mientras otras familias siguen visitando la cárcel.
“La intimidación a la que nos someten, el daño psicológico que nos están causando, es lo peor que se le puede hacer a una población… con ansias de libertad”, dijo la madre de un ex detenido. “Eso es terrorismo”.
Millones de venezolanos expresaron su deseo de un cambio de gobierno en las elecciones de julio, pero las autoridades electorales leales al partido gobernante declararon a Maduro como ganador horas después del cierre de las urnas sin proporcionar recuentos detallados de votos, a diferencia de las elecciones anteriores.
Mientras tanto, la principal coalición opositora del país recogió actas del 85% de las máquinas de votación electrónica que mostraban que su candidato, Edmundo González , ganó por un margen de más de dos a uno.
La disputa sobre los resultados desató protestas en todo el país . El gobierno respondió con fuerza, deteniendo a más de 2.200 personas, incluso si no habían participado en las manifestaciones, y alentando a los venezolanos a denunciar a cualquier persona que sospecharan que era adversaria del partido gobernante. Más de 20 personas murieron durante los disturbios.
A lo largo de la presidencia de Maduro, las fuerzas de seguridad del Estado han llevado a cabo detenciones masivas, pero nunca como las del año pasado en términos de lapso de tiempo o grupo demográfico primario.
Las protestas anteriores habían estado encabezadas principalmente por jóvenes venezolanos de ascendencia europea, de clase media y alta, con estudios universitarios, que se habían unido abiertamente a la oposición política del país. Pero a fines de julio, quienes estaban en las calles eran adolescentes y adultos jóvenes cuyas vidas han estado marcadas por la pobreza y las decepciones del gobierno de Maduro.
“Eran los hijos y nietos del pueblo que votó por Hugo Chávez”, dijo Oscar Murillo, director del grupo venezolano de derechos humanos Provea, refiriéndose al predecesor de Maduro. “No se identificaron con la oposición. Salieron en rechazo a la mala gestión de los resultados electorales”.
En prisión, sin embargo, una parte de los detenidos fueron obligados a llevar uniformes de un tono azul asociado en Venezuela a un partido de oposición.
A medida que pasaba el tiempo en las celdas superpobladas y sofocantes, algunos intentaron suicidarse, otros se inclinaron a rezar y muchos estaban convencidos de que todos serían liberados antes del 11 de enero, el día después del inicio del mandato presidencial, por ley, en Venezuela. Los obsesionados con esa fecha límite contaban con que González cumpliera su promesa de regresar del exilio y juramentar como presidente.
No sólo González no regresó, su yerno también fue detenido y permanece bajo custodia.
Desde que fueron liberados, los ex detenidos y sus seres queridos ahora rezan por salud, trabajo y un nuevo presidente, pero han renunciado a la política.
“Infundieron miedo a la participación política, lo cual hace muchísimo daño a cualquier sociedad que quiera progreso y desarrollo en cualquier país”, afirmó el ex detenido.
