LIMA / PERÚ — El expresidente de Perú Alejandro Toledo fue sentenciado el lunes a 20 años y seis meses de prisión en un caso que involucra al gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que se convirtió en sinónimo de corrupción en toda América Latina , donde pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno y otros.
Las autoridades acusaron a Toledo de aceptar 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de permitir la construcción de una autopista en el país sudamericano. La Sala Superior Nacional de Justicia Penal Especializada de la capital, Lima, impuso la sentencia tras años de disputas legales, incluida una disputa sobre si Toledo, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, podía ser extraditado desde Estados Unidos .
La jueza Inés Rojas dijo que las víctimas de Toledo fueron peruanos que “confiaron” en él como presidente. Rojas explicó que en ese rol, Toledo estaba “a cargo de administrar las finanzas públicas” y era responsable de “proteger y asegurar el correcto” uso de los recursos. En cambio, dijo, “defraudó al Estado”.
Agregó que Toledo “tenía el deber de actuar con absoluta neutralidad, proteger y preservar los bienes del Estado, evitando su abuso o explotación”, pero no lo hizo.
Odebrecht, que construyó algunos de los proyectos de infraestructura más importantes de América Latina, admitió ante las autoridades estadounidenses en 2016 haber comprado contratos gubernamentales en toda la región mediante generosos sobornos. La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos dio lugar a pesquisas en varios países, entre ellos México, Guatemala y Ecuador.
En Perú, las autoridades acusaron a Toledo y a otros tres expresidentes de recibir pagos de la gigante constructora. Afirmaron que Toledo recibió 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio del contrato para construir 650 kilómetros de una carretera que unirá Brasil con el sur de Perú. Se estimó inicialmente que ese tramo de la carretera costaría 507 millones de dólares, pero Perú terminó pagando 1.250 millones de dólares.
En un momento dado, Rojas leyó partes del testimonio de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en Perú, quien dijo a los fiscales que el ex presidente lo llamó hasta tres veces después de dejar el cargo para exigirle que le pagara. Toledo bajó la mirada y se miró las manos mientras Rojas leía los comentarios cargados de improperios que Barata le contó a los fiscales.
Toledo ha negado las acusaciones en su contra. Su abogado, Roberto Siu, dijo a los periodistas tras la audiencia que apelarán la sentencia.
El expresidente sonrió con sorna el lunes y a veces se rió, en particular cuando la juez mencionó sumas multimillonarias que son fundamentales para el caso y cuando tuvo dificultades para leer las transcripciones y otras pruebas del caso. Durante toda la audiencia, también se inclinó por su derecho a hablar con su abogado.
En cambio, la semana pasada pidió al tribunal con la voz quebrada y las manos juntas, como si estuviera rezando, que le permitieran regresar a casa aduciendo su edad, cáncer y problemas cardíacos.
Toledo, de 78 años, fue arrestado por primera vez en 2019 en su casa de California, donde vivía desde 2016, cuando regresó a la Universidad de Stanford, su alma mater, como profesor visitante para estudiar educación en América Latina. Inicialmente estuvo recluido en régimen de aislamiento en una cárcel del condado al este de San Francisco, pero fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y al deterioro de su salud mental.
Fue extraditado a Perú en 2022 luego de que un tribunal de apelaciones denegara una impugnación a su extradición y se entregara a las autoridades. Desde entonces permanece bajo prisión preventiva.
Rojas dijo que Toledo recibirá crédito por el tiempo cumplido a partir de abril de 2023. Cumplirá el resto de su condena en una prisión en las afueras de Lima que fue construida específicamente para albergar a expresidentes peruanos.
El fiscal José Domingo Pérez tras la audiencia calificó la sentencia como “histórica” y dijo que demuestra a los peruanos que “los delitos y la corrupción se castigan”.
Odebrecht cambió su nombre a Novonor en 2020.
