PAIMADO / COLOMBIA — Sedimentos y guijarros son todo lo que queda en la tierra alrededor de gran parte de la pequeña comunidad ribereña de Bernardino Mosquera, en la región del Chocó, en el noroeste de Colombia.
Hace apenas un año, arbustos y árboles saludables llenaban este importante lugar de biodiversidad repleto de especies nativas de la tierra. Pero entonces llegaron los mineros ilegales, que utilizaron su maquinaria pesada para dragar los lechos de los ríos en busca de oro.
“Aquí es un desierto”, dijo Mosquera. “La minería ilegal afecta el ecosistema en todos los sentidos… provoca la degradación de la tierra. No hay árboles. Las fuentes de agua se están secando, están contaminadas con mercurio”.
Mosquera es un guardián del río, un título que le fue otorgado a él y a otras 13 personas. Los guardianes no remunerados son los ojos y oídos del río Atrato: se relacionan con las instituciones gubernamentales sobre cuestiones ambientales y sociales ante la agresión de los grupos armados y esperan revertir la devastación que ven a lo largo del río. Pero después de ocho años, están cada vez más desencantados por la falta de apoyo de las instituciones y las crecientes amenazas de los grupos armados que controlan la región.
En 2016, la Corte Constitucional de Colombia declaró que el río Atrato, que corre a lo largo de esta ciudad de 2.500 habitantes, era tan importante para la vida que tendría derechos equivalentes a los de un ser humano. La región alberga miles de especies, y el 25 % de sus especies de plantas y aves son endémicas, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El estatus legal del río fue el primero en América Latina, y cuando se establecieron los guardianes.
“Es un matrimonio inquebrantable entre sus habitantes y los ríos”, dijo Mosquera, de 62 años. “Por eso tenemos que defender el Atrato”.
La minería ilegal de oro se ha convertido en la economía criminal de más rápido crecimiento en América del Sur durante la última década. El auge comenzó en Colombia y Perú y se expandió a Ecuador, Venezuela y Brasil.
En el Chocó abunda la minería ilegal
Paimado, como muchos pueblos de la región del Chocó, es un centro de minería ilegal que está bajo el firme control de la organización criminal más grande del país, conocida como el Clan del Golfo. Temprano cada mañana, pequeñas embarcaciones de madera transportan contenedores plásticos de gasolina para alimentar la maquinaria minera que se encuentra a lo largo del Atrato, un río que serpentea unos 750 kilómetros (470 millas) a través de las selvas del norte de Colombia.
Decenas de minas ilegales salpican el río entre la casa de Mosquera en Paimado, que se encuentra en Río Quito, el principal afluente del río Atrato, y la capital del estado, Quibdó.
Grandes balsas de madera apoyadas sobre pilotes se adentran en el lecho del río para extraer material que luego es tamizado por la máquina para extraer el oro. En las profundidades de las orillas del río se realiza otro tipo de minería con maquinaria más pesada. Es aquí donde la deforestación es claramente evidente.
“Mucha gente piensa que porque se ve muy verde no hay deforestación”, dijo la guardiana del río y agrónoma Maryuri Mosquera, de 42 años.
Los altos índices de pobreza han empujado a muchos a la minería de oro, un trabajo que destruye la tierra y contamina sus ríos. Esa destrucción a su vez destruye la economía local, haciendo que las comunidades dependan aún más de la minería.
En abril, la Defensoría del Pueblo de Colombia dijo que el gobierno no está protegiendo el río y que “no hay evidencia de ningún progreso” desde que el río adquirió la condición de persona. Exhortó al Ministerio del Ambiente a cumplir con la sentencia de 2016.
En una respuesta escrita, el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia dijo que su ministra Susana Muhamad ha estado coordinando esfuerzos con el Ministerio de Defensa “para proteger este importante ecosistema”. Agregó que pronto comenzará un programa para trabajar con las comunidades para restaurar la cuenca del río Atrato y sus afluentes.
Un salvavidas comunitario destruido
El río Atrato ha sido durante mucho tiempo una fuente importante de agua, alimentos y transporte para sus residentes rurales, en su mayoría afrocolombianos, que construyeron comunidades en las riberas del río.
El pequeño pueblo de El Arenal a orillas del Atrato es el hogar del guardián del río Juan Carlos Palacios, de 33 años, quien dice que su papel es un triunfo para las comunidades negras que lucharon por el fallo de 2016.
“Me da mucha tristeza ver pasar maquinaria continuamente, sin ningún control. Llegan a nuestras tierras y ni siquiera podemos decir nada, porque los mineros vienen acompañados de actores armados”, dijo Palacios.
Durante la mayor parte de su vida, e incluso a veces ahora, Palacios se ha dedicado a la minería artesanal de oro. A un breve trayecto en canoa al otro lado del río desde El Arenal se encuentra su madre, encorvada con una azada y una pala de madera para tamizar el oro. Así ha sido su vida desde que tiene memoria.
“Creo que si dejo de hacer esto me moriré pronto, porque ya estoy muy acostumbrada”, dice entre risas Ana Palacios Cuesta. “Las dragas han vaciado todo el río, así que ya casi no sacamos nada”.
Las pequeñas cantidades de sedimento de oro que recoge se venden en el cercano pueblo de Yuto, o en Quibdó, a unos 40 minutos de distancia.
El mercurio y el arsénico ofrecen a los mineros a escala industrial una solución de baja tecnología para extraer el oro, pero se vierten en el agua, envenenando el río y las tierras circundantes. La táctica ha acabado con la vida marina, alterando el flujo natural del río y debilitando aún más a algunas de las comunidades más vulnerables del país.
Palacios, licenciado en biología, dijo que los peces del río están “altamente contaminados” por mercurio, que pasa de los peces a los humanos y puede causar daños a órganos vitales.
“Por supuesto que seguimos consumiéndolos porque no tenemos otra opción”, afirmó.
Las mujeres locales y sus niños se paran en el río para lavar sus platos y ropa, algo que hoy en día sólo hacen las comunidades más rurales y necesitadas por miedo a la contaminación del agua.
Los tutores se enfrentan a la violencia y a las amenazas
Los guardianes tienen un trabajo precario en una zona controlada en gran parte por grupos armados rebeldes y criminales, como las guerrillas izquierdistas del Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo.
La maquinaria minera a lo largo de las orillas es supervisada por estos grupos y los mineros se ven obligados a pagarles un dinero de protección —conocido localmente como “vacuna”— para que se les permita operar libremente sin convertirse en objetivos.
“El acto de visibilizar y denunciar las situacines que vive la cuenca del Atrato implica que nos enfrentamos a ciertos riesgos”, dijo la guardiana Maryuri Mosquera, especialmente a sus colegas guardianes de zonas más rurales.
El guardián Bernardino Mosquera tiene un chaleco antibalas que le proporcionó el estado luego de haber recibido múltiples amenazas de muerte a lo largo de los años, la última en marzo. Ha sido secuestrado por el Clan del Golfo y le han colocado casquillos de bala debajo de la puerta en varias ocasiones “como advertencia”.
Estuvo a punto de renunciar.
“Pero me di cuenta que si nos retiramos del proceso, les estamos dando fuerza… nadie va a querer decir lo que está pasando, vas a terminar acribillado a balazos”, dijo Mosquera mientras la lluvia tropical azotaba el techo de lámina de su casa.
“Tenemos que seguir visibilizando el proceso. Es la única manera de que ellos (los grupos armados) sientan que nosotros también estamos en el territorio. Entonces eso me detuvo y me hizo seguir… Y aquí estoy”.
