CIUDAD DE GUATEMALA — La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha sido criticada y sancionada por países de todo el mundo por supuestamente obstruir investigaciones de corrupción y usar su poder para perseguir a opositores políticos, pero el país está efectivamente atrapado con ella, según un análisis legal publicado el martes.
Desde que el año pasado fue elegido presidente Bernardo Arévalo, Porras ha perseguido a su partido Movimiento Semillas, alegando irregularidades en la forma en que recogió las firmas necesarias para establecerse. Sus investigadores allanaron las oficinas del partido, confiscaron y abrieron urnas y trataron varias veces de que se le levantara la inmunidad.
Arévalo ha dicho que Porras está protegiendo intereses poderosos y corruptos en Guatemala que temen su promesa de erradicar la corrupción. Ha pedido su renuncia.
Pero los legisladores guatemaltecos han creado una fiscal general intocable sin ningún mecanismo legal viable para destituirla, según el estudio de la Facultad de Derecho de Stanford y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional.
La única forma de que Arévalo —una de las personas en la mira de Porras— pueda destituirla es por “causa justa debidamente establecida”, lo que desde 2016 reformas para acotar el proceso significa condena por un delito en el ejercicio de sus funciones.
Pero eso es imposible porque Porras controla los poderes de investigación y procesamiento penal de Guatemala. Su propio personal tendría que iniciar y llevar a cabo la investigación bajo su supervisión. No hay forma de suspenderla mientras se lleva a cabo una investigación.
Porras sería la encargada de nombrar a los fiscales especiales, con la facultad de removerlos. Además, tiene inmunidad procesal que solo puede ser eliminada por el Congreso. El mandato de Porras se extiende hasta mayo de 2026.
“Este conflicto de intereses inherente hace que el mecanismo de rendición de cuentas sea ineficaz”, señala el nuevo informe, que recomienda reformar la legislación guatemalteca para que el fiscal general pueda rendir cuentas, algo que es poco probable que ocurra en el futuro cercano, ya que el presidente carece de mayoría en el Congreso.
Arévalo le pidió la renuncia en enero al asumir el cargo, pero ella se negó . Porras asumió por primera vez el cargo de fiscal general en 2018 con el apoyo del entonces presidente Jimmy Morales y fue propuesta para un segundo mandato por su sucesor, el presidente Alejandro Giammattei.
En su lugar, puso en manos de los fiscales y jueces que llevaron adelante la lucha contra la corrupción, que había logrado avances reales en Guatemala con el apoyo de una misión patrocinada por las Naciones Unidas. Decenas de ellos huyeron al exilio.
La Procuraduría General de la República no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe.
Pero después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó a Porras en su informe anual de derechos humanos por la presunta intromisión de su oficina en las elecciones el lunes, la oficina de Porras publicó en la plataforma social X que “rechaza cualquier acción que intente vulnerar los derechos de los guatemaltecos y atente contra la soberanía y la autonomía institucional del país”.
