Nicaragua dijo el martes que revocará la ciudadanía y confiscará las propiedades de 135 personas que fueron expulsadas del país la semana pasada tras cumplir sentencias de prisión en una ofensiva gubernamental contra la disidencia.
La decisión fue anunciada en un comunicado de prensa de la Corte Suprema de Justicia, que indicó que los liberados fueron “condenados por hechos delictivos” que iban “contra la soberanía, la independencia y la autodeterminación” del país, además de promover “la violencia, el odio, el terrorismo y la desestabilización económica”.
El gobierno también dijo que confiscaría todos sus activos.
Los prisioneros fueron liberados y expulsados de Nicaragua en virtud de un acuerdo con Estados Unidos y Guatemala. Según se informa, permanecerán temporalmente en Guatemala antes de trasladarse a Estados Unidos.
Aunque no se han revelado los detalles del acuerdo, las autoridades estadounidenses afirmaron que no se hicieron concesiones para garantizar la liberación de los prisioneros.
El gobierno de Nicaragua ha tomado medidas drásticas durante años contra la disidencia, encarcelando a opositores del presidente Daniel Ortega y cerrando organizaciones de la sociedad civil.
La reciente liberación de prisioneros sigue una iniciativa similar el año pasado, cuando Nicaragua liberó a 222 líderes políticos, sacerdotes, estudiantes, activistas y otros, que fueron a Estados Unidos. Luego fueron despojados de su ciudadanía, dejando a muchos «apátridas», lo cual es ilegal según el derecho internacional.
Sin su ciudadanía ni propiedades y sin poder regresar a su país, los ex prisioneros dicen que se sienten desamparados y luchan para llegar a fin de mes.
Los analistas y activistas afirman que la liberación es una manera del gobierno de seguir dañando a sus oponentes mientras se protege de las críticas de la comunidad internacional.
Estados Unidos ha ofrecido al grupo de presos liberados acceso a “vías legales” para calificar para la residencia.
Eric Jacobstein, subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo el lunes que Washington ha puesto a disposición de los 135 nicaragüenses un “procedimiento acelerado de refugio”, que también se ha extendido a sus familiares que aún se encuentran en Nicaragua.
Mientras tanto, un grupo de expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos publicó el martes un informe en el que critica duramente al gobierno nicaragüense y afirma que éste ha dejado al “pueblo nicaragüense indefenso ante graves violaciones de los derechos humanos”. El informe destaca las 135 personas detenidas.
El informe se basa en más de 1.200 entrevistas y cerca de 5.000 documentos sobre “hechos que constituyen crímenes contra la humanidad” y que “han quedado impunes y sin reparación”, incluida la persecución política y la privación de la nacionalidad, explicó Jan-Michael Simon, presidente del grupo.
El informe criticó el “alcance transfronterizo” de la represión gubernamental, expresado en una reciente reforma al Código Penal de Nicaragua que permitirá a Ortega procesar y expropiar a individuos y organizaciones, nicaragüenses o extranjeras, que pidan sanciones contra el gobierno o cometan “actos de terrorismo” y otros delitos.
“Nicaragua no cumple ni siquiera con el estándar mínimo razonable de independencia judicial”, escribió Simon en un comunicado. “Las violaciones constantes están dejando a sectores enteros de la población en un estado de indefensión”.
El martes fue la primera vez que el gobierno nicaragüense reconoció públicamente la liberación y el destierro de los 135 ex prisioneros, entre ellos 13 miembros nicaragüenses de la iglesia estadounidense Mountain Gateway, que pasaron nueve meses en prisión acusados de lavado de dinero y otros delitos graves.
La iglesia, que fue clausurada y sus propiedades confiscadas por el Estado nicaragüense, ha negado enfáticamente los cargos contra sus miembros.
Fuentes de la oposición afirman que la última liberación masiva reduce el número de personas consideradas presos políticos a unos 40, incluidos 10 que estaban en prisión desde antes de las protestas sociales de 2018.
