Panamá deportó el martes a 29 colombianos en un vuelo que, según el gobierno, fue el primero pagado por Estados Unidos bajo un acuerdo que ambos países firmaron en julio.
Los colombianos habían ingresado a Panamá de manera ilegal a través de la selva del Darién, una ruta utilizada por más de 500.000 migrantes que se dirigieron al norte el año pasado. La gran mayoría de ellos eran venezolanos.
Pero al menos por ahora, Panamá no puede deportar a los venezolanos porque la relación entre los dos países se ha tensado desde que Panamá, como la mayoría de los demás países de la región, se ha negado a reconocer los resultados de las elecciones de Venezuela que le dieron al presidente Nicolás Maduro un nuevo mandato. Los dos países han suspendido sus relaciones diplomáticas.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien asumió el cargo el 1 de julio, se comprometió a detener ese flujo migratorio, un interés que comparte con el gobierno de Estados Unidos.
Mulino había dicho originalmente que los vuelos serían repatriaciones “voluntarias”, pero los deportados el martes tenían antecedentes penales, dijeron las autoridades.
Roger Mojico, director del Servicio Nacional de Migración de Panamá, dijo a los periodistas el martes que Panamá está hablando con otros países como Ecuador e India para coordinar vuelos de repatriación.
