Acusa empresa de EU expropiación ilegal de gobierno de México

La constructora estadounidense Vulcan Materials rechazó el lunes lo que considera la «expropiación ilegal» de sus inversiones en México y dijo que sigue abierta a una solución negociada con el gobierno.

La compañía ha estado involucrada en un conflicto de años con el gobierno de México después de que funcionarios ordenaron detener la extracción de piedra caliza en la unidad minera de Vulcan en el estado costero de Quintana Roo en 2022, alegando daños ambientales por parte de la compañía, que niega las acusaciones.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo la semana pasada que el sitio no había sido expropiado, sólo cerrado, y que permanecería cerrado al menos hasta que deje el cargo en octubre.

En un comunicado el lunes, Vulcan calificó la suspensión de sus operaciones como «autoritaria» y dijo que no podía producir ni vender materiales «debido a las acciones arbitrarias del gobierno de México para obligarnos a renunciar a nuestras importantes inversiones en el región».

El año pasado, López Obrador presentó planes para ofrecer 6.500 millones de pesos mexicanos (391 millones de dólares) para comprar el terreno donde opera Vulcan Materials y resolver la disputa, pero dijo que la compañía no quería vender el terreno.

«La verdad es que en ningún momento hemos recibido una ‘oferta generosa’ para comprar nuestra propiedad», dijo Vulcan el lunes.

«Nos dieron una tasación informal, sin firmas y sin detalles, que subestima sustancialmente nuestros activos, incluidas las reservas de piedra caliza que poseemos según la ley mexicana, así como el único puerto de gran calado en la región».

Vulcan Materials señaló que la mina Calica en Playa del Carmen, tiene un valor distinto al dictaminado por el Gobierno de México y  que la propuesta del presidente López Obrador “subvalora sustancialmente” sus activos de piedra caliza y el puerto Punta Venado.

La propuesta de compra sobre las 2,400 hectáreas que posee la empresa en Playa del Carmen asciende a los 6,500 millones de pesos.

Con esto el gobierno busca al mismo tiempo finiquitar el litigio internacional que Vulcan Materials entabló contra el gobierno mexicano en las instancias de resolución de controversias, en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mediante el cual reclama un pago indemnizatorio por 1.900 millones de dólares.