BOGOTÁ, 9 mayo – La Corte Suprema de Colombia ordenó al ministro del Interior declarar en una investigación sobre corrupción y la Corte Constitucional anuló la creación del Ministerio de Igualdad en un doble golpe para el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Las decisiones de los tribunales, publicadas a última hora del miércoles, superaron unas tórridas 24 horas para Petro, el primer líder de izquierda de Colombia, después de que dos magistrados del Consejo Nacional Electoral pidieran una investigación sobre la financiación de su campaña de 2022.
La Corte Suprema llamó a declarar al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en una investigación sobre compras sospechosas de camiones cisterna por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los vehículos, adquiridos por 46.800 millones de pesos (12 millones de dólares), supuestamente fueron comprados para abastecer de agua a zonas remotas de la provincia colombiana de La Guajira.
También se ordenó testificar a otros tres funcionarios actuales y anteriores, incluida Sandra Ortiz, una aliada cercana de Petro que renunció como asesora presidencial para las regiones en medio del escándalo.
«La investigación se inicia con la hipótesis de los delitos de cohecho y posible enriquecimiento ilícito», indicó el Tribunal Supremo en un comunicado.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y el exsubdirector Sneyder Pinilla, acusados de tener vínculos con las compras, dijeron esta semana que estaban dispuestos a declarar a cambio de inmunidad y protección.
Según Pinilla, el presidente del Senado, Iván Name, y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, recibieron enormes sumas de dinero para ayudar a impulsar las reformas sociales y económicas del presidente en el Congreso.
Tanto Name como Calle niegan las acusaciones y serán investigados por el Tribunal Supremo.
Si bien el Tribunal Constitucional anuló una ley que creaba el Ministerio de Igualdad -dirigido por la vicepresidenta colombiana Francia Márquez-, aplazó la decisión por dos años, permitiendo que el ministerio funcione hasta 2026.
El ministerio está encargado de luchar contra la pobreza en el país sudamericano.
Según el tribunal, la ley que aprobó la creación del ministerio no incluía un análisis adecuado del impacto fiscal que tendría.
