Este 9 de abril, se conoció que la Fiscalía General de la Nación acusará formalmente al expresidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos. El exmandatario es acusado como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.
Cabe señalar que Álvaro Uribe es el primer expresidente de la historia en Colombia que es llamado a juicio.
Precisamente, los testimonios que la Fiscalía tuvo en cuenta para construir el escrito de acusación contra Álvaro Uribe, que fue radicado en la mañana de este martes ante el Complejo Judicial de Paloquemao, fueron los del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y de su exesposa Deyanira Gómez, así como también el del exparamilitar Carlos Enrique Vélez.
La decisión la adoptó el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, quien tenía el caso desde el 16 de enero, luego que se le hubiera asignado por reparto.
El próximo 15 de abril se cumplían los 90 días de plazo para que la Fiscalía definiera el futuro judicial del expresidente.
Posteriormente, a través de un comunicado, la Fiscalía aseguró que el escrito de acusación radicado contra Uribe se realizó “a partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses”.
De esta forma, agregó el ente acusador, la decisión del fiscal delegado fue adoptada después de dos solicitudes de preclusión de fiscales diferentes que habían sido desestimadas por las jueces penales del circuito competentes.
“Una vez el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá cumpla con el reparto y se conozca el juzgado penal del circuito al que le corresponda el juicio, se realizará la audiencia de formalización de la acusación, en la fecha y hora que fije la judicatura”, precisó la Fiscalía en el documento.
Por otra parte, la Fiscalía aseguró que “garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo”.
Así, agregó, “el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo”.
