El Gobierno de Colombia publicó su nueva política nacional de drogas, que busca cambiar el «paradigma actual» de más de medio siglo de lucha fallida contra las drogas y así enfocar esfuerzos en perseguir a grandes narcotraficantes y apoyar a campesinos que transiten a economías lícitas.
Bajo el nombre de «Sembrando vida desterramos el narcotráfico», el programa, de 83 páginas y trazado para 10 años (2023-2033), está firmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y hace un diagnóstico de la situación, enumera las políticas públicas sobre el tema para trazar la política nacional.
Se esperaba que fuera el propio presidente Gustavo Petro quien la anunciara esté sábado en Cali en el cierre de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Drogas, pero el presidente se ha limitado a incidir sobre el «genocidio» que ha dejado la «fallida guerra contra las drogas» impulsada por Estados Unidos desde hace medio siglo en Latinoamérica.
«Hoy previsiblemente la dinámica de la política llamada guerra contra las drogas, hecha en EE.UU. hace 50 años, trasladada a la UE (Unión Europea) y por ahí a las Naciones Unidas, ha hecho víctimas a todas las sociedades latinoamericanas de sus consecuencias», alegó el presidente.
Esta política busca, según el Gobierno, enmendar alguno de estos daños para, sobre todo, quitar esfuerzos a la persecución de los campesinos que cultivan hoja de coca para ponérsela a las redes criminales narcotraficantes.
Y tiene dos tiempos, que el Gobierno ha denominado «Oxígeno» y «Asfixia»; la primera va enfocada en la transformación territorial y en darles alternativas a los cultivadores de coca, y la segunda en desarticular y perseguir a las organizaciones criminales que se benefician con el narcotráfico.
«La Política Nacional de Drogas establece una estrategia para que las comunidades rurales que dependen de las economías ilícitas ligadas a las drogas transiten de manera progresiva y sostenible a economías lícitas, a través de un proceso de reconversión productiva», se lee en el documento.
Explicado por el ministro en una entrevista, esto supone «un abanico de posibilidades para el tránsito de economías ilegales a economías legales».
Esto, explica Osuna, va desde apoyar negocios y otros cultivos a ofrecer terrenos de la reforma agraria comprados por el Estado, a pago por servicios ambientales para que «una vez arranquen la mata de coca, se dediquen a ser guardabosques» o al uso de hoja de coca para fines no narcóticos como fumigantes, comida y textiles, entre otros.
Dentro de «Oxígeno» también hay un eje de atención a quienes consumen sustancias psicoactivas, ya sea de uso ocasional o problemático o dependiente.
«Un asunto fundamental es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en toda la población y, en especial, en niños, niñas y adolescentes», se lee en la política, que busca prevenir, promover estrategias de reducción de daños, tratar problemas derivados al consumo, pero también ofrecer terapias como la del suministro controlado de sustancias como la metadona para personas con drogodependencia.
«Desde la reducción de daños se tratará a las personas que usan drogas con dignidad y respeto, bajo un enfoque de derechos, justicia social y equidad en salud», se extrae del documento, que no habla de despenalización.
Asfixia al narcotráfico
La otra vertiente va en enfocar esfuerzos en el ataque al narcotráfico. Así, se «realizará de manera enfática» acciones con la interdicción de cargamentos de estupefacientes, desmantelamiento de estructuras de narcotráfico, persecución de finanzas ilegales y lavado de activos o caracterización de las organizaciones criminales.
No excluye tampoco la erradicación forzada, ya que apuesta por «erradicar en cualquier zona los cultivos determinados como industriales, de acuerdo con el Consejo Nacional de Estupefacientes y todos aquellos cultivos que no cumplan los acuerdos de reconversión productiva», pero con «plena observancia de los derechos humanos».
Actualmente Colombia es el país con más hectáreas cultivadas de coca -230.000 hectáreas según cálculos del Gobierno- y el que más cocaína produce -1.700 toneladas el año pasado-.
Pero la ambición de este plan es que al acabar el Gobierno de Gustavo Petro, se disminuya «la producción de cocaína en un 40 %, es decir, a 900 toneladas al año y el número de hectáreas cultivadas disminuiría también en un 40 %, es decir, de 230.000, más o menos, a 150.000 hectáreas cultivadas», alegó el ministro.
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