La Corte Suprema de México anuló todas las sanciones penales federales por aborto, dictaminando que las leyes nacionales que prohíben el procedimiento son inconstitucionales y violan los derechos de las mujeres, en una decisión radical que extendió la tendencia latinoamericana de ampliar el acceso al aborto.
El alto tribunal ordenó que se elimine el aborto del código penal federal. El fallo requerirá que el servicio federal de salud pública y todas las instituciones de salud federales ofrezcan el aborto a cualquiera que lo solicite.
“Ninguna mujer o persona embarazada, ni ningún trabajador de la salud, podrá ser sancionado por abortar”, dijo en un comunicado el Grupo de Información para la Reproducción Elegida, conocido por sus siglas GIRE.
Sin embargo, unos 20 estados mexicanos todavía criminalizan el aborto. Si bien los jueces de esos estados tendrán que acatar la decisión del tribunal, será necesario realizar más trabajo legal para eliminar todas las sanciones.
La celebración del fallo pronto se extendió a las redes sociales.
“¡Hoy es un día de victoria y justicia para las mujeres mexicanas!” Escribió el Instituto Nacional de las Mujeres de México en un mensaje en la plataforma de redes sociales X, antes conocida como Twitter. La organización gubernamental calificó la decisión como un “gran paso” hacia la igualdad de género.
La senadora Olga Sánchez Cordero, ex magistrada de la Corte Suprema, aplaudió el fallo y dijo en X que representaba un avance hacia “una sociedad más justa en la que se respeten los derechos de todos”. Hizo un llamado al Congreso de México para que apruebe una legislación en respuesta.
La decisión se produjo dos años después de que el tribunal dictaminara que el aborto no era un delito en un estado del norte. Ese fallo desencadenó un lento proceso de despenalización estado por estado.
La semana pasada, el estado central de Aguascalientes se convirtió en el duodécimo estado en eliminar las sanciones penales.
Los activistas por el derecho al aborto tendrán que seguir buscando la legalización estado por estado, aunque la decisión del miércoles debería hacerlo más fácil. Las legislaturas estatales también pueden actuar por su cuenta para eliminar las sanciones por aborto.
Por ahora, el fallo no significa que todas las mujeres mexicanas podrán acceder al procedimiento de inmediato, explicó Fernanda Díaz de León, subdirectora y experta jurídica del grupo de derechos de las mujeres IPAS.
Lo que sí hace, en teoría, es obligar a las agencias federales a brindar atención a los pacientes. Es probable que esto tenga una cascada de efectos.
Después de décadas de trabajo de activistas de toda la región, la tendencia se aceleró en Argentina, que en 2020 legalizó el procedimiento. En 2022, Colombia, un país muy conservador, hizo lo mismo.
