El Gobierno de Ecuador, al recordar hoy un año de la concesión de asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, insistió en que busca una solución digna, definitiva y justa al caso del exhacker australiano, refugiado en la Embajada ecuatoriana en Londres desde el 19 de junio de 2012.
Con base en fundamentos del derecho internacional, la Cancillería ecuatoriana señaló en un comunicado que «no ha escatimado esfuerzos» para lograr que el asilo a Assange se solucione «de un modo digno para todas las partes interesadas».
No obstante, remarcó que en este caso «ha tenido que enfrentar la rigidez de la posición de los países afectados, los cuales no sólo niegan toda validez al asilo diplomático y no admiten que produzca efectos jurídicos sobre tales Estados, los cuales insisten en la extradición del asilado para que comparezca ante los jueces suecos».
Assange, que a través de WikiLeaks filtró cables diplomáticos de Estados Unidos, es solicitado en extradición por Suecia, donde es procesado por supuestos delitos sexuales que él niega.
Ecuador le otorgó asilo al considerar que la extradición a un tercer país, sobre todo a EEUU, podía poner en grave peligro su vida, mientras que Assange ha declarado ser víctima de una persecución política por haber revelado información secreta que ha avergonzado a Estados Unidos.
Para el Gobierno de Quito, «la mejor manera de fundamentar su decisión y salvaguardar la vida, integridad, seguridad y libertad del señor Assange consistía en establecer una base jurídica lo más sólida y consistente posible».
«Ecuador ha insistido en la importancia que el asilo tiene como institución humanitaria, pacífica, apolítica y asistencial, y, por lo mismo, útil para proteger y defender los derechos fundamentales de personas que por diversas circunstancias se sienten amenazadas y buscan amparo», precisa el texto.
Añade que el Gobierno ecuatoriano, presidido por el izquierdista Rafael Correa, «sigue empeñado en buscar una solución definitiva y justa a este caso de asilo diplomático».
Además, destaca la importancia que el Ejecutivo «atribuye a los derechos fundamentales del ser humano y a su práctica efectiva bajo cualquier circunstancia y sin que puedan aplicarse criterios restrictivos que constituyan una violación del principio de igualdad y no discriminación».
Ecuador ha pedido al Reino Unido que otorgue a Assange un salvoconducto que le permita salir de ese país, pero la Policía de Londres, que vigila permanentemente la Embajada ecuatoriana, tiene la orden de detenerle para extraditarlo a Suecia.
En junio pasado, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño se entrevistó en Londres con su homólogo británico, William Hague, para abordar la situación de Assange.
Patiño indicó que, tras esa reunión, ambos gobiernos acordaron crear un grupo de trabajo para buscar una solución diplomática a la situación del fundador de WikiLeaks.
Quito, 16 ago (EFE).-
