El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles por decreto la Asamblea Nacional, adelantando elecciones legislativas y presidenciales, un día después de presentar su defensa en un proceso de juicio político en su contra.
Lasso niega la acusación y aseguró que su administración hizo cambios al contrato firmado años antes de que él asumiera el cargo, para beneficiar al estado, siguiendo el consejo de la contraloría de Ecuador.
La mayoría de los legisladores respaldó una resolución que decía que Lasso permitió que continuara el contrato corrupto, a pesar de que un comité de supervisión del Congreso, que escuchó el testimonio de legisladores de la oposición, funcionarios y el abogado de Lasso, dijo en su informe que no recomendaba un juicio político.
Lasso invocó la ‘muerte de dos vías’ citando la grave crisis política de Ecuador.
«Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve el poder al pueblo ecuatoriano… para decidir su futuro en las próximas elecciones», explicó Lasso en un video difundido, y agregó que el gobierno emitirá leyes por decreto «sin obstáculos».
Lasso decretó una reforma tributaria en la misma emisión, que dijo bajaría los impuestos para los ecuatorianos.
El ejército y la policía de Ecuador «tienen y mantendrán su respeto absoluto por la constitución y la ley», afirmó Nelson Proano, comandante de las fuerzas armadas de Ecuador, en un comunicado en video, y agregó que la decisión de Lasso de disolver la asamblea estaba consagrada en la constitución.
La policía y miembros del ejército rodearon el edificio de la Asamblea Nacional y no permitieron que nadie entrara, según un testigo de Reuters.
Se habrían necesitado 92 votos de los 137 miembros de la legislatura para destituir a Lasso de su cargo. El voto para continuar el proceso recibió 88.
La constitución del país consagra la llamada ‘muerte bidireccional’, que permite a Lasso convocar elecciones tanto para su puesto como para la asamblea bajo ciertas circunstancias, incluso si las acciones de la legislatura bloquean el funcionamiento del gobierno.
Lasso ahora permanecerá en el cargo y gobernará por decreto, mientras las autoridades electorales nacionales fijan la fecha de las elecciones.
El tribunal electoral de Ecuador debe decidir la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posteriores a la disolución de la asamblea.
Algunos legisladores han dicho que cualquier disolución sería inconstitucional y que se negarían a cumplir.
