La Sala Permanente de la Corte Suprema de Perú revocó la decisión de un alto tribunal y decidió aceptar a debate un recurso de apelación de la defensa del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) «para que se respete la garantía del antejuicio político».
El Poder Judicial informó en Twitter que la decisión declaró «bien concedido» al recurso de apelación contra la resolución que desestimó en enero pasado una cuestión previa que promovió la defensa de Castillo.
Tras esta medida, la Sala Permanente precisó que próximamente señalará una fecha «para la realización de la audiencia pública donde las partes procesales presentarán sus informes orales».
El 27 de enero pasado, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria había declarado infundada, en primera instancia, la cuestión previa en la investigación que se sigue a Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración de rebelión y otros en agravio del Estado y la sociedad peruana.
El recurso planteado por Castillo busca anular la investigación abierta tras el autogolpe de Estado que intentó dar el pasado 7 de diciembre, lo que llevó a que fuera destituido ese mismo día por el Congreso.
Durante una audiencia pública en la que se revisó la cuestión previa, Castillo reiteró que su «derecho a la defensa y a las pruebas fue vulnerado por este Congreso de la República» y negó que tuviera la intención de fugarse del país.
«No he matado, no he robado y no he violado a nadie», enfatizó.
Uno de sus abogados, Eduardo Pachas, reiteró que se violó el derecho a la defensa y se incumplió la Constitución, ya que el Congreso no le realizó un antejuicio político a pesar de tratarse de un jefe de Estado.
Castillo permanece detenido desde el 7 diciembre y días después recibió una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por el autogolpe de Estado.
El pasado 9 de marzo se emitió otra orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra mientras se le investiga por presuntamente haber liderado una organización criminal conformada durante su Gobierno, por la que puede recibir una condena de 32 años de cárcel.
El expresidente negó «rotunda y categóricamente» que sea autor y forme parte de una organización criminal y aseguró que «se ha armado un castillo de delitos supuestos» en su contra con la participación de «colabores comprados».
Durante la audiencia de este último pedido, la fiscalía señaló que a Castillo se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la Administración pública, en la modalidad de colusión.
Este caso, en el que también se ha implicado a los exministros de Transportes y Vivienda Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, responde a presuntas irregularidades en obras del Puente Tarata II, en la región norteña de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
