La Fiscalía General de Colombia declaró que se iniciará una investigación en contra de Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, hijo y hermano del presidente Gustavo Petro, luego de que se conociera el testimonio de Day Vásquez, la exesposa de Nicolás, en la que lo acusa de haber recibido dinero de exnarcotraficantes que iba, al parecer, para la campaña presidencial, pero esto nunca ocurrió porque Nicolás se habría quedado con el monto, según lo señaló la mujer.
Luego de conocerse esta información, Nicolás Petro desmintió haber recibido dinero alguno para la campaña de su padre.
«Ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a paz total. No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable», se lee en un comunicado de Nicolás.
En el mismo documento, el diputado negó tener relaciones con Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, y ‘el Turco’ Hilsaca, quienes le habrían entregado una suma de dinero en efectivo.
«Son personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente. Al respecto, solicito una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y buen nombre», señaló.
Por su parte Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, lo señaló como presunto responsable de actos de corrupción en la campaña presidencial. El ente judicial, en conocimiento de este testimonio, decidió abrir una investigación contra los mencionados y recibir a Day Vásquez como testigo.
También se conoció que el presidente Gustavo Petro le pidió al Fiscal General, Francisco Barbosa, adelantar una investigación en contra de sus dos familiares “debido a la información que se rumora en la opinión pública”.
El mandatario recordó que “el único funcionario que cuenta con el aval de Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda”.
Además, añadió que su «gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. La protección de la vida es una prioridad».
