Los familiares afligidos marcarán tres años desde que el ejército iraní derribó el vuelo PS752 el domingo realizando mítines en todo el país y presionando a Ottawa para que adopte una postura más dura contra Irán.
“Ha sido un largo viaje para las familias, pero todavía tenemos esperanza”, confesó Hamed Esmaeilion, director de la Asociación de Familias de Víctimas del Vuelo PS752.
La esposa y la hija de Esmaeilion estaban entre las 176 personas que murieron cuando funcionarios iraníes derribaron un avión de pasajeros de Ukraine International Airlines en enero de 2020 poco después de su despegue de Teherán.
La mayoría de los pasajeros se dirigían a Canadá a través de Ucrania, incluidos 55 ciudadanos canadienses y 30 residentes permanentes.
En una entrevista, Esmaeilion agradeció a los canadienses por su apoyo durante los últimos tres años, mientras las familias luchan por la responsabilidad y la compensación.
El 28 de diciembre, Canadá se unió a otros países para iniciar el proceso para enviar el caso del vuelo PS752 a la Corte Internacional de Justicia e intentar obligar a Irán a compensar a las familias de las víctimas.
Ottawa se había abstenido anteriormente, argumentando que permitir suficiente tiempo para las negociaciones con Irán sobre las reparaciones reforzaría el caso si necesitaba ser escuchado por un tribunal.
Pero con las negociaciones estancadas, Canadá ayudó a emitir un aviso formal el mes pasado pidiendo a Irán que se sometiera a un arbitraje vinculante en el caso. La medida inicia un período de seis meses después del cual uno de los países demandantes puede llevar a Irán ante la Corte Internacional de Justicia.
El régimen iraní ha tenido respuestas cambiantes al incidente, en un momento describiendo que fue un accidente y luego afirmando que el avión se movía de manera sospechosa, lo que contradice los hallazgos de una investigación realizada por la Organización de Aviación Civil Internacional.
Si bien no está claro si el tribunal obligaría con éxito a Irán a proporcionar una compensación, es probable que el caso provoque una mayor investigación y arroje nueva información sobre lo que sucedió.
Ottawa prometió establecer una nueva oficina de sanciones, asignando $76 millones para rastrear mejor a quienes tienen prohibido hacer negocios en Canadá. Pero no está claro cuándo se contratará y capacitará al nuevo personal.
Esmaeilion indicó que está frustrado por los burócratas que sugieren que las sanciones son menos una forma de castigar a individuos específicos y más una forma de empujar a los regímenes a comportarse mejor. Argumentó que Irán no mejorará la forma en que trata a las personas a menos que enfrente un claro rechazo, y señaló que el régimen ha sido responsable de matar a canadienses en otros casos.
El viernes, Trudeau se reunió con familiares de las víctimas del vuelo PS752, junto con la ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, el ministro de Transporte, Omar Alghabra, y el alto comisionado de Canadá en el Reino Unido, Ralph Goodale, quienes ayudaron a coordinar la respuesta del gobierno.
