Las FARC presentaron hoy otro paquete de propuestas «mínimas» sobre garantías para la participación política en Colombia, entre ellas, un estatuto para la oposición, el desmontaje del paramilitarismo y la «reparación integral» de la Unión Patriótica.
El grupo insurgente y los negociadores del Gobierno continuaron este lunes en La Habana sus conversaciones de paz, después de iniciar el domingo el duodécimo ciclo de un diálogo que sigue centrado en el segundo punto de la agenda: la participación política de la guerrilla cuando se alcance un acuerdo de paz.
En una declaración divulgada hoy, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abogaron por la expedición de un «estatuto de la oposición política y social» para asegurar, entre otros, el «derecho a constituir partidos, movimientos políticos y agrupaciones políticas sin limitación alguna».
También proponen que el reconocimiento de la personalidad jurídica de los partidos no esté supeditado al logro de un umbral electoral determinado.
Otra de sus reclamaciones es la conformación de una «comisión de la verdad histórica» para esclarecer «el genocidio» contra la Unión Patriótica (UP), partido colombiano de izquierdas surgido en 1985 por un acuerdo entre el expresidente Belisario Betancur (1982-1986) y las FARC y que sufrió el asesinato de miles de sus militantes a manos de paramilitares y fuerzas del Estado.
El pasado 9 de julio, el Consejo de Estado de Colombia devolvió la personalidad jurídica a la UP lo que permitirá a esta formación participar en las elecciones del próximo año.
A pesar de esa decisión, la guerrilla insistió hoy en la necesidad de una reparación y resarcimiento integral para la UP que incluya la devolución de los curules (escaños) que tenía en el momento de su mayor representatividad.
Las FARC quieren que ese resarcimiento incluya, mediante la promulgación de una ley especial, el reconocimiento «expreso y taxativo» de la responsabilidad estatal frente a la opinión pública y la comunidad internacional.
Además, los rebeldes piden que el Gobierno de Colombia se comprometa a desmontar de forma efectiva, real y material las estructuras paramilitares del país y proscriba «toda práctica ilegal de contrainsurgencia que impida el libre ejercicio del derecho y las garantías a la oposición política y social».
Otra de sus propuestas demanda el reconocimiento y el respeto de los derechos políticos de sectores sociales excluidos y de las minorías, así como garantías para actividades opositoras, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales).
La delegación guerrillera planteó también medidas extraordinarias de participación de sectores sociales excluidos y de minorías, a la inclusión de la oposición política en el Consejo Nacional Electoral, y a la financiación estatal especial de los partidos políticos y de movimientos políticos y sociales.
El ciclo que el Gobierno y las FARC iniciaron el domingo es considerado «definitivo» para poder avanzar en los siguientes puntos, según analistas políticos.
Al finalizar la ronda anterior, el 9 de julio, el Ejecutivo y las FARC emitieron un comunicado en el que afirmaron que «continuaban avanzando» en el debate sobre la participación política de la guerrilla en un eventual escenario de paz.
El arranque de la nueva ronda de diálogo el pasado domingo estuvo marcado por las advertencias de los negociadores del Gobierno a la guerrilla tras las últimas acciones ofensivas de las FARC en Colombia.
La Habana, 29 jul (EFE).-
