La ONU acordó extender dos años más el trabajo de una misión que investiga y documenta las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, cuyo gobierno intentó impedir la aprobación de esta decisión por considerarla una injerencia en sus asuntos internos.
No obstante, la medida fue avalada por 19 países en una votación en el Consejo de Derechos Humanos, mientras que 5 votaron en contra (Bolivia, Cuba, China, Eritrea y la propia Venezuela) y 23 se abstuvieron. Cuarenta y siete países tienen derecho a voto en esta órgano de la ONU.
La resolución recibió el auspicio de 48 países y Paraguay asumió su presentación inicial, señalando que el texto reconocía ciertos pasos positivos por parte de las autoridades venezolanos para fortalecer el Estado de Derecho, pero que los problemas todavía son muy grandes y justifican que la misión continúe su trabajo.
Incidió en que Venezuela ha desoído la mayor parte de las recomendaciones que le ha hecho esta misión en los tres informes que ha elaborado hasta el momento.
La Unión Europea sostuvo que su preocupación por la situación en Venezuela todavía es profunda y que la vigilancia que realiza la misión es importante para que se produzcan cambios positivos, ya que es una especie de garante de que en algún momento los responsables de las violaciones rendirán cuentas.
La delegación de Venezuela rechazó de forma rotunda la resolución, que calificó de “iniciativa hostil”, que viola la soberanía de un Estado y una forma de asedio “por parte de los acólitos de Estados Unidos”.
Adelantó que -como lo ha hecho hasta ahora- el Gobierno de Nicolás Maduro no piensa colaborar con la misión, a cuyos miembros (tres destacados juristas de diferentes países apoyados por un equipo técnico) no ha permitido entrar al país desde que el grupo fue formado hace tres años.
