Lo que hace tres años parecía una inofensiva protesta de escolares chilenos en contra de una subida en el boleto del metro terminó convirtiéndose en un cuestionamiento nacional sobre el modelo de sociedad.
Chile lleva desde octubre de 2019 en una espiral de adrenalina política: en tiempo récord ha vivido una revuelta por más derechos sociales, un plebiscito sobre la Constitución actual, las presidenciales más polarizadas en 30 años y la redacción de una nueva Carta Magna.
La última parada es el referéndum del próximo domingo, en el que 15,1 millones de chilenos decidirán si aprueban la propuesta elaborada por una convención con paridad de género —el primer órgano de este tipo en el mundo— o si mantienen el texto actual, heredado de la dictadura y de corte neoliberal.
Pese al entusiasmo inicial, la convención fue perdiendo adherentes por los roces internos y varios escándalos que salpicaron a una lista de constituyentes ligados al estallido.
Los últimos sondeos revelaron que se impondría, con más de 10 puntos de diferencia, la opción de rechazar el nuevo texto, que declara a Chile un Estado social de derecho y consagra derechos fundamentales.
Los expertos señalan, sin embargo, que el resultado está muy abierto porque esta vez el voto es obligatorio y hay más de un 50 % del electorado que lleva sin votar desde 2012, cuando el sufragio pasó a ser voluntario.
El carácter plurinacional del Estado, el sistema de justicia o la eliminación del Senado son algunos de los temas incluidos en el texto que generan más polémicas, aunque hay un acuerdo entre las fuerzas de izquierdas para modificarlo en caso de que gane el “Apruebo”.
