Georgia se sumó a los estados de EE. UU. que prohíben el aborto más allá de las seis semanas, al admitir un tribunal de apelaciones una ley de 2019 que había sido bloqueada y que ahora podrá estar vigente gracias al fallo del Supremo que anuló la sentencia «Roe contra Wade».
Según denunciaron este miércoles varias organizaciones no gubernamentales, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito emitió un fallo por el que la ley de Georgia entra en vigor este mismo miércoles. Una «medida muy poco ortodoxa», «en lugar de esperar el período normal de 28 días para que se emita el mandato oficial», según el Centro de Derechos Reproductivos en un comunicado.
«El tribunal tomó esta medida por su cuenta, sin ninguna solicitud del estado y fuera de los procedimientos judiciales normales», añadió esta organización.
Esta ley no solo prohíbe el aborto a las seis semanas de embarazo, sino que también redefine el concepto «persona» al incluir un embrión o feto en cualquier etapa de desarrollo y afectará también a los médicos y su actuación ante el aborto espontáneo.
Así, habrá “sanciones penales draconianas para los médicos que brinden atención ante un aborto espontáneo, a menos que la salud de su paciente ya se haya deteriorado hasta el punto de una emergencia médica», apuntó la organización.
La prohibición del aborto de seis semanas, aprobada en 2019, fue bloqueada previamente por un fallo de la corte de distrito que la declaró inconstitucional.
Pero el Tribunal del 11° Circuito revocó esa decisión como consecuencia del fallo del Tribunal Supremo, que con una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres liberales, acabó con la protección federal del derecho al aborto, vigente desde 1973 gracias a la sentencia «Roe contra Wade».
Hasta ahora, en el estado de Georgia, gobernado por el republicano Brian Porter Kemp, el aborto era legal hasta las 21 semanas y 6 días de embarazo, a partir del último período menstrual de la paciente.
“En solo unas pocas semanas, ya hemos visto que grandes franjas del sur eliminaron prácticamente todo el acceso al aborto”, denunció Alice Wang, abogada del Centro de Derechos Reproductivos.
Ahora, lamentó Wang, serán las georgianas quienes «se verán obligadas a viajar cientos de millas para acceder a la atención médica esencial si tienen los medios para hacerlo, o se verán obligadas a llevar a término sus embarazos y dar a luz en contra de su voluntad”.
“Es horrible que políticos y jueces extremistas hayan obligado a las personas embarazadas y a sus proveedores de atención médica a esta pesadilla. Continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para luchar por el acceso al aborto en Georgia y en todo el país para que todos tengan el poder de decidir si tener un hijo y cuándo”, apuntó por su parte Julia Kaye, del Proyecto ACLU de Libertad Reproductiva.
Según datos del Instituto Guttmacher, 25 de los 50 estados tienen restricciones considerables para acceder al aborto, 11 de ellos con «fuertes restricciones». En algunos casos, como en Texas, hay un veto total, según los últimos datos de la organización proaborto Planned Parenthood.
En un intento por paliar la decisión del Tribunal Supremo, el presidente, Joe Biden, firmó el 8 de julio una orden ejecutiva que daba poder a los departamentos de Salud y de Justicia para proteger el acceso a las píldoras anticonceptivas y permitir que las mujeres puedan viajar entre estados para acceder al aborto en territorios donde sí es legal.
Además, la Cámara Baja estadounidense, de mayoría demócrata, dio su visto bueno el pasado viernes a la protección del derecho al aborto con la aprobación de dos proyectos de ley cuya tramitación depende del Senado, donde los demócratas tienen una mayoría tan ajustada que necesitarían convencer a al menos diez republicanos para aprobar ambos proyectos de ley.
