La Asamblea Nacional (Parlamento) avanza en el debate de la destitución del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mientras se mantiene la movilización indígena contra la carestía de la vida y las políticas económicas del Ejecutivo.
En la sesión virtual instalada con la asistencia de 135 asambleístas, el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, leyó una carta enviada por Lasso, en la que el gobernante tildó de «absoluta irresponsabilidad» con la ciudadanía la solicitud para su destitución presentada por los asambleístas afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Ello porque consideró que en la solicitud ni se cumplen ni se justifican las causales contempladas en numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, invocado por los peticionarios: «grave crisis política y conmoción interna».
La Asamblea «tiene la obligación constitucional de probar y justificar que han ocurrido dos condiciones diferentes y simultáneas para proceder con la destitución», dijo al opinar que «ninguna de las dos se cumple ni se ha probado».
Pero la asambleísta opositora Pierina Correa, asegura que esas pruebas se presentarán en el debate, en el que se prevé la intervención de 41 miembros de la Asamblea, que tiene 72 horas, una vez concluido el debate, para someter a votación.
Para la legisladora, hermana del exgobernante Correa, Lasso se ha burlado de la Asamblea al no acudir a la sesión a presentar las pruebas de descargo, como señala la ley orgánica del Legislativo.
La petición de la destitución del gobernante se presentó bajo la causal de grave conmoción interna debido a la ola de protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), por el alto costo de la vida.
Primeros acercamientos
Después de trece días de protestas, en las que han muerto cinco personas y al menos 200 han resultado heridas, entre manifestantes y las fuerzas del orden, este sábado tuvieron lugar los primeros acercamientos entre el líder de la Conaie, Leonidas Iza, y representantes del Gobierno.
En la cita reservada, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y que tuvo lugar en la Basílica del Voto Nacional, se propuso conformar una mesa técnica con delegados del movimiento indígena y del Gobierno para iniciar el proceso de diálogo y analizar cada una de las propuestas planteadas por los manifestantes.
Los indígenas exigen el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.
Aunque el consejero de la Presidencia, Diego Ordónez, aseguró el sábado que se había registrado una «masiva desmovilización» de los manifestantes indígenas que se habían concentrado en Quito, Iza aclaró que se mantienen en la ciudad y que no se irán hasta ver solventadas sus exigencias.
De hecho, a primeras horas de la tarde, un grupo de manifestantes, considerablemente menor al de los últimos días, se congregó en la zona del parque El Arbolito, aledaño a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde donde fueron desalojados el viernes miles de manifestantes que participaban en una «asamblea popular» para definir acciones en las protestas.
Aún no hay diálogo
Iza negó haber iniciado el sábado un diálogo con el Ejecutivo en la primera toma de contacto con varios de sus miembros, en la que había dicho que no adoptaría ninguna decisión antes de consultar con las bases.
A los miembros de sus organizaciones que pensaban que el diálogo se había iniciada sin consultarles, Iza les explicó que había acudido al encuentro «por respeto» a Saquicela.
Por parte del Gobierno asistieron los ministros de Gobierno, Francisco Jiménez; y de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, mientras que Iza estuvo acompañado por los dirigentes las otras organizaciones que lideran las protestas.
