El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Carlos Eduardo Correa, asegura que la exploración piloto del fracking «dirá si hay siguiente etapa o no» en el país, donde «hoy de manera general está prohibido».
La reciente aprobación de un piloto de fracturación hidráulica causó revuelo en Colombia, después de que el presidente, Iván Duque, prometiera durante la campaña electoral de 2018 que mientras él ocupara la Casa de Nariño no habría fracking.
Sin embargo, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno «hacer cuatro proyectos de investigación» sobre las consecuencias que tendría esta técnica, explica Correa en una entrevista.
Todos estos proyectos «vienen en una ruta de concertación, de diálogo y de consultas», agrega.
En este contexto, hace unas semanas se aprobó el primer piloto e investigación, que se está llevando a cabo «con todo el rigor técnico, científico y social. Están las veedurías, las comunidades para poder ver si eso está generando el impacto y precisamente por eso es un proyecto de investigación: porque hoy de manera general el fracking está prohibido en Colombia».
«Se está investigando y ese resultado pues dirá si hay una siguiente etapa o no, pero primero hay que esperar los resultados», insiste el responsable de Ambiente. «Hasta que no tengamos definido un resultado no podemos decir cuál fue el impacto, si es positivo o negativo, si el fracking funciona o no funciona», explica.
El pasado 28 de marzo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó el primer proyecto piloto de fracking en Puerto Wilches, en el departamento de Santander (noreste), cuyo desarrollo estará en manos de la petrolera estatal Ecopetrol.
El fracking permite extraer el gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo que se encuentra en capas de roca a gran profundidad, por lo que se tiene que perforar la tierra para después inyectar grandes cantidades de agua mezclada con químicos a alta presión para lograr fracturar la roca y liberar el gas.
Sustracción de suelos
Otra de las polémicas en las que se ha visto envuelto el Ministerio de Ambiente en las últimas semanas ha sido la aprobación de un decreto de sustracción de suelo que, si bien ha sido aclarado por la institución, ha sido criticado por abrir la puerta a la exploración minera y petrolera en Colombia.
Correa, al abordar la cuestión, indica que «el proceso de sustracción siempre ha existido en Colombia» cuando es para «proyectos de importancia estratégica para la nación o de interés civil», y que el decreto aprobado por la cartera de Ambiente busca, por una parte, «cobrar por estos procesos, porque necesitamos financiamiento para poder llegar al territorio y hacer control».
Y, por otra parte, que el proceso de expedición sea «más rápido», porque «a veces se demoran tres, cuatro o cinco años».
En el caso concreto de la exploración minera y petrolera, prosigue el ministro, lo que busca el decreto es que «si en alguna región hay bosque o no toca esos ecosistemas, podría hacerse de manera más rápida con el control y monitoreo, por supuesto, del Ministerio».
«Hay zonas en las que, por ejemplo, se ha perdido bosque a lo largo de 50 años, y ahí no hay un árbol que talar. Entonces, en esos casos, el proceso puede ser más rápido, pero en ningún momento estamos dejando vía libre a que la extracción o la exploración minera haga de las suyas», incide Correa.
El ministro achaca al afán por «desinformar o no entender algunas cosas» la polémica que se generó tras la publicación del citado decreto.
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