Alberto Enrique Giraldo Saray, colombiano residente en Rusia, fue detenido el pasado domingo por las autoridades de ese país acusado de difundir en las redes sociales “noticias falsas” sobre la campaña militar rusa en Ucrania, cargo que podría costarle hasta 10 años de cárcel.
Al colombiano se le incrimina el delito tipificado por el artículo 207 del Código Penal ruso, que castiga “la difusión pública de información falsa bajo la apariencia de informaciones verídicas sobre las Fuerzas Armadas de Rusia”.
Por este presunto hecho, el Comité de Instrucción de Rusia pidió el lunes prisión preventiva contra Giraldo.
Ante esto, la familia del detenido ha alzado la voz desde Colombia para que sea liberado prontamente.
Su hermana, Diana Patricia Bonilla Saray, aseguró en entrevista con la emisora capitalina ‘La FM’ que Alberto, quien se desempeña en Rusia como “promotor turístico y, por pandemia, tenía un emprendimiento de empanadas colombianas”, es inocente de lo que se le acusa
Agregó que su hermano “se encuentra en la ciudad de Moscú, y hasta el momento, no hemos tenido ningún tipo de comunicación con el consulado ni nada”.
Indicó que un amigo de Alberto es quien ha mantenido contacto con su familia en Colombia y les explicó los cargos por lo que lo acusan.
“El amigo es el único que ha podido darme información sobre él y el proceso que se ha venido realizando. Están muy asustados, esto es una persecución, lo que hablaron y vieron en el acta de detención es totalmente falso, mi hermano nunca se involucró en problemas políticos”, puntualizó.
Sobre las pruebas que las autoridades rusas tendrían en contra de Giraldo, Diana dijo a ‘La FM’ que “tomaron como pruebas que él tenía una visa estadounidense, que estaba divorciado y no quería quedarse en el país y eso es mentira porque sus dos hijas tienen nacionalidad rusa”.
En caso de que se pruebe su culpabilidad, Giraldo Sarái podría ser multado con entre 3 y 5 millones de rublos (de unos 40.000 a 67.000 dólares), o condenado a cinco años de trabajos sociales obligatorios o una pena de cárcel de entre 5 y 10 años.
