La crisis carcelaria de Ecuador sumó este domingo un nuevo trágico episodio en el que fueron asesinados al menos 12 presos, durante enfrentamientos en la prisión de la sureña ciudad de Cuenca, similares a los ya acontecidos el año pasado, que dejaron 316 reclusos fallecidos en peleas entre bandas rivales.
Esta revuelta, que también dejó de momento 10 heridos, es la primera de gran magnitud de este 2022 en las cárceles de Ecuador, cuyo presidente, Guillermo Lasso, destacaba positivamente días atrás que desde el inicio del año habían muerto en las cárceles 8 reos, a diferencia de los 83 del mismo periodo del año anterior.
Las 12 víctimas mortales fueron halladas «en la parte exterior» de los pabellones, según indicó en rueda de prensa el ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, mientras que aún se evalúa si hay más fallecidos en el interior de los ambientes de la cárcel.
Según el funcionario, los enfrentamientos, que comenzaron en torno a la 1.30 hora local (6.30 GMT) se produjeron porque «hay una organización que quiere tener un poder absoluto al interior del centro y hay unas células que se han revelado contra ellos».
Las autoridades han adoptado medidas para evitar que personas que pertenecen a las mismas organizaciones y se encuentran en otros centros penitenciarios en el país «puedan elevar este tema en los otros lugares», añadió.
Según el informe del servicio de penitenciaria, no se han registrado fugados, mientras que 90 presos fueron evacuados, 10 de ellos heridos que fueron atendidos por el Ministerio de Salud.
«Disposiciones contundentes»
La violencia de los enfrentamientos pudo apreciarse durante la noche desde los exteriores del centro penitenciario, donde hubo detonaciones y disparos captados por grabaciones difundidas en redes sociales, y para retomar el control de la cárcel se desplegó un contingente de 800 policías y militares.
El ministro Carrillo aseguró que la administración de Guillermo Lasso «pone todo su esfuerzo para evitar que quienes desprecian la vida, continúen incitando la guerra en las cárceles. Trabajamos para que los privados de la libertad puedan convivir en paz en los centros de rehabilitación social», afirmó.
«El sistema de pesos y contrapesos debe coincidir en las reformas legales. Necesitamos disposiciones contundentes para quienes protagonizan estos hechos violentos. Están identificados y deben perder todo tipo de beneficio penitenciario», anotó.
Y subrayó: «Vamos a limpiar el establo de Augías en que se ha convertido el sistema penitenciario. El Gobierno nacional hará todo lo necesario para lograrlo. El Ecuador ya no soporta más irracionalidad y violencia».
Crisis carcelaria
No es la primera vez que se produce una masacre similar en esta cárcel, pues el 23 de febrero de 2021 ya fueron asesinados 33 reclusos, la mayoría decapitados y desmembrados, como parte de un ataque simultáneo coordinado por bandas criminales en distintas cárceles que, en total, dejó 78 muertos en todo el país.
En marzo pasado, Amnistía Internacional (AI) mencionó en su informe anual que, al finalizar 2020, al menos 316 reos habían muerto en enfrentamientos entre bandas rivales registrados dentro de las cárceles de Ecuador, en varios episodios que sacudieron la conciencia nacional por la crueldad de los asesinatos.
Del total de asesinatos ocurridos en las cárceles ecuatorianas, 79 habían tenido lugar en febrero de 2021, 119 el 28 de septiembre y 62 entre el 12 y 13 de noviembre, masacres atribuidas por el Gobierno a la disputa entre bandas del narcotráfico, que tendrían relación con carteles de la droga de Colombia y México.
«Las muertes ocurrieron en un contexto de hacinamiento, negligencia e inacción a la hora de garantizar los derechos humanos de la población reclusa», remarcó por su parte AI.
Muchos presos sin sentencia
Al 29 de noviembre de 2021 había 36.599 personas privadas de libertad en 36 centros, con un crecimiento del 469 % durante los últimos 20 años, y el 40 % de ellos se encontraba en régimen de prisión provisional, a la espera de sentencia, según un reciente informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese informe, el CIDH emplazó al Estado ecuatoriano a recuperar el control de las prisiones y dar condiciones dignas de reclusión a los presos, así como desarrollar una política de prevención del delito que no prime al encarcelamiento como principal estrategia.
Al respecto, el Gobierno de Lasso lanzó en febrero la primera política pública del país con enfoque en derechos humanos para los reclusos, a la que destinó 26 millones de dólares, mientras que espera indultar a unos 5.000 encarcelados por delitos menores y contratar 1.400 nuevos guardias de prisiones.
