CICR alerta por violencia en Colombia y Gobierno responde

Además, también se notificó un conflicto entre el ELN y las AGC, mientras que las disidencias de las FARC que comandan alias «Iván Mordisco» y «Gentil Duarte» se enfrentaron a la también disidencia de la Segunda Marquetalia y a los Comandos de la Frontera.

En cuanto al enfrentamiento entre el ELN y las disidencias, «la situación en terreno no nos ha permitido concluir que la intensidad de las hostilidades cumpla el umbral para clasificar esta situación como conflicto armado», precisó Andrea Camacho, coordinadora jurídica del CICR.

Víctimas de artefactos explosivos, confinamiento y desplazamiento masivo, nuevas desapariciones y ataques contra la asistencia en salud fueron las consecuencias que se desprendieron del incremento de los conflictos y la violencia, que se agudizó en algunas zonas del país.

«El contexto es aún más complejo de lo que era en el pasado», alertó Caraffi, mientras que para 2022 el pronóstico es «aún peor», ya que, por ejemplo, las víctimas de artefactos explosivos en los dos primeros meses del año ya suponen el 25 % del total de víctimas registradas en 2021.

La desaparición sigue siendo uno de los principales preocupaciones en el país andino, y el CICR documentó 168, lo que supone una desaparición cada dos días y «demuestra que el fenómeno de la desaparición no es cosa del pasado», advirtió el jefe de la misión en Colombia.

En 2021, el CICR notificó 486 víctimas de artefactos explosivos, el número más alto en los últimos cinco años, accidentes principalmente ocurridos en Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Arauca.

También aumentó el desplazamiento y el confinamiento de poblaciones: casi 53.000 personas se desplazaron de manera masiva en 11 departamentos, un incremento del 148 % respecto a 2020, y cerca de 80.000 personas se desplazaron individualmente.

El confinamiento afectó a más de 45.000 personas, una cifra un 60 % superior a la del año previo.

Otro de los fenómenos que destacó el CICR fueron los ataques y las afectaciones a la asistencia de salud, con 553 agresiones contra el personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios, la cifra más alta que se ha reportado en los últimos 25 años.

Los datos, además, recogen que solo el 20 % de estos ataques tuvo como autores a los grupos armados, mientras que el 66 % fueron obra de civiles, pacientes o familiares.

Asimismo, el 56 % de los ataques tuvo lugar durante las protestas sociales que ocurrieron entre finales de abril y mediados de junio.

Por otro lado, la multiplicidad de actores afecta aún más a las comunidades, que ya eran las más vulnerables, pero que con el incremento de grupos armados se encuentran «en medio de los que portan armas».

«Estas cifras resultan dolorosas y aún así no alcanzan a reflejar el temor, la incertidumbre y la desesperanza que experimentaron miles de personas a causa de los conflictos armados en Colombia», lamentó Caraffi.

EL CICR sigue contando con el respeto de los grupos armados, que le permiten operar en las zonas más expuestas al conflicto, y el organismo tiene «confianza» de que así seguirá siendo en 2022, a pesar de que el ELN hace una semana lo acusó de «haber tomado partido».

Con este grupo armado ya «están en diálogo» para que sus recientes comentarios «no afecten a la agenda y la labor» en 2022, aseguró Caraffi.

En este año electoral, por último, el CICR pidió a los elegidos tanto para el Congreso como para la Presidencia que «escuchen a las víctimas» y aseguren que los recursos les llegan, porque han venido notificando una «falta de conocimiento» sobre la situación.

Asimismo, Caraffi hizo un llamado «enfático» a los actores armados, instituciones públicas y ciudadanos a respetar el trabajo de las organizaciones humanitarias, ya que «su presencia en distintas zonas es vital para que las comunidades puedan sobrevivir».

Por su parte, el consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Jeffersson Mena, respondió que al Gobierno le “causó extrañeza» el informe.

«Como Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales debemos advertir que cada uno de los puntos abordados por el CICR, hacen parte de los objetivos que se encuentran plasmados en el marco de la estrategia de DD. HH. y DIH, la cual el Gobierno ha venido implementando desde el día uno del mandato», cuestionó el funcionario.

Así mismo, criticó que en la información entregada no se identifica a los verdaderos responsables de la vulneración del DIH en el País: «Hay que decirlo sin ambigüedades, sin temores y con valentía: son los grupos narcoterroristas del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan de Golfo quienes afectan a nuestra población bajo su interés de lucrarse con las economías ilícitas».

Advirtió además que el Ejecutivo «no comparte la clasificación de seis conflictos armados, aclarando que esta no es vinculante para el Estado, como quiera que en Colombia hay es una amenaza marcada por rentas ilícitas de las que se nutren diversos grupos armados y delincuenciales».

Y frente a la mención de las AGC explicó Mena que «este grupo no existe dentro del contexto con la lucha contra el crimen que enfrenta la Fuerza Pública, utilizar estos términos es retrotraer la discusión a escenarios pasados y totalmente reprochables que no son los actuales».