La farmacéutica Johnson & Johnson se anotó una victoria legal cuando un juez de una corte federal de Nueva Jersey (EE.UU.) aceptó que su subsidiaria LTL siga en bancarrota, lo que congela 38.000 juicios por demandas que reclaman que su talco para bebés causa cáncer.
El juez Michael Kaplan, del Tribunal de Quiebras en la ciudad de Trenton, la capital del estado, desestimó las solicitudes de los demandantes para que rechazara una petición de bancarrota de LTL que, según argumentaban, tenía por objetivo evitar los juicios, de acuerdo con el Wall Street Journal.
El juez Kaplan dictaminó que LTL Management LLC, que se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense el año pasado, no pidió la bancarrota de mala fe para obtener una ventaja injusta sobre los demandantes por lesiones personales, como habían alegado, sino con el propósito de resolver litigios masivos.
Johnson & Johnson señaló en ese entonces que adoptaba la quiebra para resolver las denuncias relacionadas con el talco de manera equitativa para todas las partes, incluyendo reclamantes actuales y futuros, para lo que estableció un fideicomiso de 2.000 millones de dólares.
La bancarrota «se está utilizando no para escapar de la responsabilidad, sino para generar responsabilidad y certeza», dijo el juez Kaplan, quien agregó que un acuerdo por medio de la quiebra incluso podría «acelerar el pago a las víctimas del cáncer y sus familias».
La farmacéutica ha insistido en que sus productos de talco son seguros, pero dejó de venderlos en EE.UU. y Canadá en 2020 a medida que aumentaba la cantidad de demandas por lesiones.
Los abogados de los demandantes criticaron ante el diario que la legislación de bancarrota sea «abusada» por empresas rentables como «medio para retrasar o evitar» que las personas afectadas, en este caso víctimas de cáncer, obtengan justicia.
Por su parte, un portavoz de J&J afirmó al Wall Street que LTL «está lista» para trabajar con la defensa de los demandantes y el mediador del tribunal para llegar a una resolución «equitativa y eficiente», según lo ordenado por el tribunal de quiebras.
La empresa afronta otros problemas judiciales y hoy informó que, junto a tres otros grandes distribuidores de medicamentos del país, han aceptado un acuerdo con varios estados por el que pagará millones de dólares por su responsabilidad en la crisis de los opioides.
