Nicaragua cerró este viernes una atípica campaña electoral, castrada por el arresto de siete posibles candidatos presidenciales de la oposición, con llamados a votar, por un lado, y a no salir a las calles y quedarse en casa; por otro, con la ausencia de observadores de la OEA y de la Unión Europea (UE) y la prohibición de ingresar a misiones periodísticas al país.
El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) movilizó a sus bases, principalmente empleados públicos, en una jornada de visita casa a casa en la que pidieron a los nicaragüenses aptos para votar acudir el domingo a los centros de votación, según constató Efe.
En tanto, la oposición excluida de participar en las elecciones, los nicaragüenses en el exilio y la Asociación Madres de Abril que aglutina a familiares de las víctimas del estallido social de 2018, lanzaron sendas campañas desaconsejando votar bajo el argumento de que hacerlo sería legitimar a la “dictadura Ortega Murillo”.
Los opositores están utilizando las etiquetas #YoNoBotoMiVoto, #YoNoVoto o #NicaraguaNoVota, entre otros, con las que instan a los nicaragüenses a no salir de sus casas, mantener las puertas cerradas y las calles vacías, porque consideran que “no hay por quién votar”.
Con Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, los siete opositores detenidos por “traición a la patria”, el presidente Daniel Ortega parte como favorito para obtener su quinto mandato y cuarto consecutivo, y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Los partidos políticos que compiten con el FSLN, así como un sector de los evangélicos aliados del Gobierno, han llamado a acudir a las urnas.
En cambio, la Conferencia Episcopal ha dejado a la conciencia de cada nicaragüense votar o no en las elecciones, no obstante, algunos sacerdotes han llamado al no voto.
“Este 7 de noviembre mi huella dactilar estará limpia, como limpia estará mi conciencia» de no ser parte» de las votaciones, dijo en una homilía el sacerdote Uriel Vallejos, para quien Ortega «tuvo miedo” de celebrar elecciones libres.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del Ejecutivo en unas mesas de negociaciones con las que se buscaba una salida pacífica a la crisis, se sumó al coro de los obispos y sostuvo que el proceso electoral “no cumple con los estándares internacionales sobre elecciones libres, justas y transparentes”.
