La Fiscalía General de Colombia reveló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tiene constancia de 57 fallecidos durante las protestas, de las cuales 29 se dieron en el marco de las movilizaciones, cuatro meses después de que comenzaran.
«Hasta el momento se han confirmado 57 fallecidos, 29 en el marco de la protesta (13 esclarecidas), 5 en verificación y 23 fuera de la protesta», aseguró la Fiscalía en su cuenta de Twitter, al informar sobre la reunión que el fiscal general, Francisco Barbosa, mantuvo con la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, en Washington.
La Fiscalía colombiana solo había documentado una veintena de muertes en los 50 días de protestas, pero diversas organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a 84; al menos 20 por disparos de la Policía.
Incluso la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, había repetido el llamado en varias instancias internacionales a respetar el manejo de cifras, asegurando que desde el 28 de abril solo se había comprobado la muerte de 25 personas en el marco de las protestas.
La Fiscalía entregó un segundo informe a la CIDH sobre las investigaciones realizadas en el marco del paro nacional y reportó que se ha creado «una estrategia de investigación con 11 líneas destacadas para casos que se presentaron en manifestaciones violentas».
Las protestas en Colombia, que comenzaron el 28 de marzo contra la retirada reforma tributaria y se extendieron por más de cinco semanas perdiendo poco a poco intensidad, tuvieron reportes de graves violaciones de derechos humanos, sobre todo de abuso de fuerza policial, y algunos episodios de vandalismo y de civiles armados disparando contra manifestantes.
También se reportaron desapariciones, abusos sexuales, bloqueos y los homicidios cuyo número difiere según la fuente a la que se le consulte.
«Hemos continuado con todo el compromiso y el trabajo de ubicar a las personas que han sido reportadas en el Mecanismo de Búsqueda Urgente. De las seis denuncias de desaparición forzada, cinco casos no tenían nada que ver con protesta y uno está en revisión», informó Barbosa.
El fiscal también aseguró que se han «hecho una serie de trabajos investigativos» y que han llamado a declarar a 16 civiles, cinco miembros de la fuerza pública y una persona indígena para recabar información sobre los civiles armados.
«El trabajo investigativo de Fiscalía ha podido determinar que cuatro estructuras criminales presuntamente estarían detrás de la violencia en el paro», alegó el ente acusador.
