Assange no ha sido un hombre libre durante 11 años, y celebró sus últimos tres cumpleaños en la prisión de Belmarsh de alta seguridad de Londres, que a menudo se conoce como el «Guantánamo británico» por sus duras condiciones.
Se han denegado todas las solicitudes de libertad bajo fianza o puesta en libertad bajo arresto domiciliario. Entonces, el periodista y activista australiano permanece encarcelado mientras espera la decisión sobre si el Reino Unido permitirá o no su extradición.
En los EE. UU., Assange se enfrenta a una sentencia total de hasta 175 años de prisión en relación con múltiples cargos de espionaje, como la divulgación de documentos militares confidenciales sobre las operaciones de EE. UU. en Afganistán e Irak, incluidos presuntos crímenes de guerra, por los que nadie ha sido juzgado aún.
Primero alivio, luego consternación
En enero, un tribunal de Londres decidió no permitir la extradición en un fallo que inicialmente encontró alivio entre los activistas de derechos humanos, las asociaciones de periodistas y los partidarios de Assange. Sin embargo, ese alivio se convirtió rápidamente en consternación cuando se estudió más de cerca la declaración escrita sobre el fallo.
La jueza explicó que Assange sufría de depresión clínica que podría verse agravada por «condiciones de detención severamente restrictivas en las instalaciones penitenciarias de Estados Unidos diseñadas para eliminar el contacto físico».
Como explicó la diputada del Partido Verde alemán, Margit Stumpp, «la jueza rechazó su extradición únicamente por motivos humanitarios, citando las malas condiciones en las cárceles estadounidenses». Sin embargo, agregó que: «ella no rechazó ni cuestionó ninguna de las razones citadas por Estados Unidos para justificar su caso. La implicación es que Assange aún puede enfrentar la extradición si las autoridades estadounidenses brindan garantías creíbles de que las condiciones de la prisión que probablemente enfrentaría no sería perjudicial para su salud ni una amenaza para su vida».
Este tema estará en el centro del nuevo juicio. Los jueces del Tribunal Superior aceptaron tres de los cinco motivos de la apelación. La audiencia inicial del miércoles se ocupó de los dos restantes para determinar si también serán aceptados o no.
Testigo clave admitió que mintió
La ironía es que los jueces del Tribunal Supremo concedieron la apelación de Estados Unidos pocos días después de que saliera a la luz que el testigo clave, el ciudadano islandés Sigurd Ingi Thordarson, había admitido haber fabricado un testimonio incriminatorio contra Assange a cambio de inmunidad procesal y una recompensa financiera.
Christian Mihr, de la rama alemana de la ONG Reporteros sin Fronteras, está convencido de que el caso Assange ha socavado gravemente la credibilidad del sistema judicial británico. En primer lugar, señala Mihr, fue muy difícil acceder al juicio de extradición: «eso representa una violación de un principio fundamental del estado de derecho: que el sistema de justicia debe ser accesible al público».
Christian Mihr, por su parte, no tiene ninguna duda: este es un juicio político más que penal y Estados Unidos, dice, necesita retroceder. Joe Biden es el tercer presidente estadounidense involucrado en los intentos de procesar a Julian Assange. Fue la administración Obama la que inició la investigación. Fue acusado bajo la supervisión de Donald Trump. Y, hasta ahora, Joe Biden no ha mostrado señales de prestar atención a las llamadas para poner fin a los procedimientos.
