TORONTO. Centenares de trabajadores migrantes, defensores de los derechos humanos y público en general provenientes de diversas ciudades del país, marcharon el fin de semana por las calles de Ottawa para pedir al gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau que le otorgue la residencia permanente a centenares de miles de personas que viven sin estatus en Canadá.
Los manifestantes explicaron que sin un estatus migratorio permanente, tanto las personas indocumentadas como también los trabajadores temporales, los solicitantes de refugiados y los estudiantes internacionales no pueden tener acceso a todos derechos laborales básicos, a la atención médica completa y a la educación.
Según datos proporcionado por la organización Migrant Workers Alliance for Change, al menos 1 de cada 23 personas en Canadá (es decir más de 1,6 millones) son residentes no permanentes que viven en el país gracias a permisos de estudio, de trabajo o humanitarios, o simplemente carecen de documentación y caen en la categoría de indocumentados. Y explican que muchos de estos migrantes están excluidos de la atención médica universal, del acceso a ayudas económicas de emergencia y del trabajo decente, además de estar, muchos de ellos, separados de sus familias.
Hay que recordar que abril de este año el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá anunció un nuevo camino hacia la residencia permanente para más de 90,000 trabajadores esenciales temporales y graduados internacionales, no obstante los organizadores de la marcha dijeron que esos programas son de corto plazo y excluyen a demasiadas personas, y que por lo tanto es necesario un programa permanente que sea más incluyente.
Los manifestantes denunciaron también que Canadá duplicó sus rechazos de solicitudes de residencia permanente por razones humanitarias y de compasión, pasando del 35 por ciento (de 10,600 solicitudes) en el 2019 al 57 por ciento (de 11,000 solicitudes) en el 2020, y a casi el 70 por ciento (de 9,000 solicitudes) presentadas entre enero y marzo de este año 2021. Esa tendencia, dijeron, es una preocupación muy grave ya que afecta de manera desproporcionada a los migrantes racializados y de bajos ingresos.
Hace varios años, una coalición de organizaciones dio a conocer una investigación acerca de las personas indocumentadas que vivían en Canadá. La investigación, que fue financiada por la Labour International Union of North America, LIUNA Local 183, y que fue publicada en el año 2005, llegó a la conclusión de que en el país había entre 300 y 500 mil personas indocumentadas. A la fecha de hoy, diversas fuentes plantean que ese número puede andar un poco arriba del millón de personas.
Lo que suele suceder es que muchas personas que llegan con visas de turista, una vez que esta se les vence, deciden quedarse en el país. Lo mismo pasa con personas que después de haber perdido su caso de refugio decidieron quedarse, y también es el caso de estudiantes internacionales que se quedaron tras haber terminado su carrera.
Desde el 2015 también ha sido el caso de miles de trabajadores temporales que en ese momento aun tenían permiso de trabajo, pero que decidieron quedarse aunque fuera de forma indocumentada ya que ese año empezó a funcionar la nueva normativa que establecía que después de cuatro años de trabajar en Canadá, ciertos trabajadores no podían renovar su permiso de trabajo.
Pero durante los últimos años, y particularmente en el desarrollo de las campañas electorales, una de las cosas que ha quedado clara es que no habrá amnistía para los trabajadores indocumentados. Eso es lo que se desprende de los planteamientos hechos por los representantes de los diferentes partidos políticos.
La explicación que siempre ha dado el partido en el gobierno en turno es que dar una amnistía fomentaría el mismo problema que están tratando de solucionar. Los gobiernos temen que al dar una amnistía las personas recibirán la falsa idea de que esa es la manera de llegar a Canadá, y que por tanto creará la situación ideal para que se repita el problema.
Pero esta posición es errónea en dos factores importantes: El primer factor es el hecho de que ninguna de las organizaciones que han venido luchando por la regularización ha pedido una amnistía. Todas las organizaciones, y los mismos sindicatos, han pedido un programa de regularización basado en mérito.
Nunca se pidió una amnistía general. Se ha pedido que se seleccione a las personas que pudieran demostrar su establecimiento y que no tengan problemas penales. En este sentido, es contradictoria la posición de los gobiernos dada la necesidad que tienen de atraer nuevos inmigrantes para mantener el nivel requerido de población canadiense, y especialmente ahora que debido a la pandemia no se han alcanzado las metas migratorias del 2020.
De igual forma es absurda también la posición de deportar a los indocumentados, ya que estos son esenciales para poder mantener las industrias a flote, que es precisamente uno de los argumentos que los empleadores y sindicatos siempre han planteado y por lo cual solicitan que estas personas no sean deportadas.
Es contradictorio también que los gobiernos gasten millones de dólares anualmente para poder atraer inmigrantes que puedan llegar a establecerse sin problemas en Canadá, y que estén deportando a las personas que ya están aquí y que están bien establecidas. El reporte financiado por LIUNA Local 183 también decía que estas personas estaban empleadas, eran necesarias y ya estaban establecidas en el país.
El segundo factor erróneo en este tema es considerar que el regularizar a los indocumentados propiciará la llegada de más personas indocumentadas al país, y que por tanto con el tiempo se repetirá el problema. La realidad es que el gobierno canadiense ha puesto en operaciones procesos de selección muy estrictos para las personas que solicitan visas.
Así, antes de que a alguien se le dé una visa de turista, de trabajo o de estudiante, la persona debe probar sin lugar a duda que está bien establecida en su país y que tiene razones para regresar, y este freno en el consulado del país de origen impide que un promedio altísimo de personas pueda llegar a Canadá aun siendo visitantes genuinos.
Además, el Tratado del Tercer País Seguro firmado entre Canadá y los Estados Unidos también es una garantía de que esa entrada se ha cerrado para más del 50% de las personas que llegaban a través de dicho país, y por consecuencia, las posibilidades de que al establecerse un proceso de regularización de los indocumentados que actualmente viven en Canadá se repita el número de indocumentados algún tiempo después es poco probable.
Hoy, a causa de la pandemia, los distintos niveles de gobierno finalmente se han dado cuenta de lo importante que son los grupos más vulnerables con un estatus precario o sin ningún tipo de estatus migratorio. Pero por desgracia parece que solamente se está reconociendo a las personas que han estado trabajando en producción de alimentos y en salud y otros trabajos esenciales.
Porque los trabajadores indocumentados y temporales están llenando espacios importantes para el desarrollo y el mantenimiento de la economía canadiense. Cada uno de estos trabajadores juega un papel esencial y debería ser reconocido con darles la tranquilidad de tener su residencia.
También la regularización de los indocumentados y las personas con estatus temporales es la mejor solución que pudiera dar el gobierno en estos momentos a la acumulación de casos de refugio atrasados que están sobre los sesenta mil.
Creo que ha llegado el momento de que el gobierno canadiense implemente un programa especial de regularización para las personas indocumentadas y sin estatus. Lo más importante para tener en cuenta es que estos trabajadores han demostrado ser esenciales para la economía canadiense, que están bien establecidos, que son capaces y que son honestos y necesarios.
