El Comité Judicial del Senado de EE.UU. derrotó hoy una medida republicana que amenazaba con torpedear la reforma migratoria, al inicio del debate de más de 300 enmiendas para moldear el plan reformista, que constituye uno de los pilares del segundo mandato del presidente Barack Obama.
El Comité, compuesto por diez demócratas y ocho republicanos, rechazó, 12-6, una enmienda del senador republicano por Iowa, Charles Grassley, que hubiese demorado la legalización de los indocumentados hasta que se certificara el control absoluto de la frontera sur por un período de al menos seis meses.
Ese voto fue la primera gran prueba de cohesión del «Grupo de los ocho» -cuatro demócratas y cuatro republicanos- que elaboró a puerta cerrada la iniciativa desde enero pasado y la presentó formalmente el pasado 17 de abril.
Desde el inicio de la primera de varias sesiones este mes para enmendar la iniciativa de 844 páginas, tanto demócratas como republicanos reflejaron sus fisuras ideológicas en torno a quiénes y cuántos indocumentados podrían legalizarse.
El encuentro de hoy se ha centrado en el capítulo sobre el reforzamiento de la vigilancia fronteriza, que los republicanos han puesto como condición para legalizar a los indocumentados.
Grassley afirmó que la legislación «se queda corta» y advirtió de que el Congreso debe evitar «los errores» de la amnistía de 1986, mientras que Schumer insistió en que se trata de una iniciativa «justa» que mejorará «drásticamente» la economía estadounidense.
Además Grassley, el republicano de mayor rango en el Comité y autor de otras 76 enmiendas, tampoco quiere que los indocumentados en proceso de deportación puedan solicitar la residencia permanente.
Antes del mediodía, el Comité aprobó a viva voz una veintena de enmiendas, entre éstas seis de la oposición, una de las cuales exige una rendición de cuentas de la estrategia para la seguridad fronteriza.
El Comité aprobó una enmienda del presidente del Comité, Patrick Leahy, que prohíbe el cobro de cuotas para quienes cruzan legalmente la frontera hacia EE.UU. por tierra o en vehículo, y otra de la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, que exige establecer «condiciones humanas» para los niños indocumentados bajo custodia federal.
El proyecto de ley incluye capítulos que incorporan una vía para la legalización y eventual ciudadanía de los once millones de indocumentados en EE.UU. en un plazo de 13 años; el reforzamiento de la seguridad fronteriza; sanciones para empresas que contraten a indocumentados, y cambios al sistema de visas.
Aunque no todas las 301 enmiendas serán sometidas a voto, los activistas esperan que el Comité tome en cuenta solo aquellas que mejoren la iniciativa con bisturí y no la debiliten con un hacha.
«Lamentablemente veremos otro esfuerzo de algunos conservadores por descarrilar la reforma, como lo hicieron en 2006 y 2007. El tema de la seguridad fronteriza lo han usado siempre como gancho político y lo irónico es que no se aprobó la reforma pero (los conservadores) consiguieron que se aumentara la vigilancia en la frontera, con más muros, más agentes y el despliegue de la Guardia Nacional», dijo a Efe Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos.
«Algunos republicanos no tienen interés en mejorar la propuesta sino en descarrilarla. Creo que hay dos cosas que pueden reventar esta reforma: enmiendas para militarizar la frontera y para hacer más largo, costoso y limitado el proceso de legalización de los indocumentados», se quejó García.
Activistas pro-reforma se manifestaron hoy, primero frente al Senado y después frente a la Casa Blanca, para exigir una reforma que permita la reunificación de las familias y el cese de las deportaciones.
El Comité prevé seguir debatiendo las enmiendas el 14 y 16 de mayo próximos, aunque podría añadir otras fechas. El objetivo de Leahy es tener lista la legislación para su voto en el Comité antes del receso del festivo del «Día de Recordación», el próximo 27 de mayo.
María Peña/Washington, 9 may (EFE).-
