Las protestas contra un posible acuerdo del Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares entraron este miércoles en su segunda semana con una intensificación de la intervención policial en los bloqueos de carreteras, de la violencia y sin señales de diálogo entre las partes.
El Ministerio de Seguridad informó que desde la noche del martes ha intensificado la acción de la policía para despejar las vías que han experimentado bloqueos, la mayoría de sectores a cargo de pequeños grupos de personas que colocan árboles, piedras, arena y otros materiales sobre la calle.
La policía utilizó gases para abrir el paso en la carretera que conduce a la provincia de Limón (Caribe), donde se ubican los puertos más importantes del país; en Golfito, provincia de Puntarenas (sur) y en algunas otras zonas.
Este miércoles se registró un enfrentamiento de manifestantes con la policía en la localidad de Paquita, Puntarenas (Pacífico), que dejó cerca una veintena de heridos, incluidos policías.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, responsabilizó de la violencia a los dirigentes de las protestas y aseguró que hay grupos criminales organizados que están participando en los bloqueos.
Anuncio de flexibilización
El excandidato presidencial y exdiputado José Miguel Corrales, uno de los dirigentes del llamado «Movimiento Rescate Nacional», que convocó las protestas, dijo en una conferencia de prensa que habrá una «flexibilización» para no afectar a la gente «que no tiene nada que ver» con la situación.
«El movimiento sigue con alguna advertencia. Vamos a hacer una gira para ver si es posible flexibilizar (los bloqueos de carretera) para que la gente que no tienen nada que ver con esto no resulte afectada», declaró.
Este miércoles hay cerca de 40 puntos de carreteras con bloqueos o manifestaciones de grupos de personas.
Corrales criticó las acciones de la Fuerza Pública, un día después de que él mismo denunciara que en algunas zonas del país el narcotráfico se había infiltrado en las protestas.
«La Policía va a hacer una barrida nacional, a mansalva, de madrugada», lamentó el dirigente.
Sin diálogo
Las protestas, que entran hoy en su segunda semana, se producen en rechazo a la intención del Gobierno de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares que incluye un aumento de impuestos y la venta de algunos activos estatales, con el objetivo de estabilizar las finanzas públicas.
El presidente Carlos Alvarado descartó el pasado domingo seguir adelante con la propuesta y llamó a diversos sectores a un diálogo nacional para buscar soluciones a los problemas económicos del país.
La noche del martes, el Gobierno rechazó las condiciones exigidas por el «Movimiento Rescate Nacional» para sentarse a dialogar de forma bilateral, y reiteró que antes de cualquier conversación es necesario que se levanten los bloqueos.
Entre los requisitos que exigía el grupo están que el presidente descarte por completo y por escrito acudir al FMI en lo que resta de su mandato; que no contemple la venta de activos estatales ni aumento de impuestos.
Además, este grupo exige una mesa bilateral, con la presencia de un garante la Iglesia Católica, que el sitio de reunión no sea la Casa Presidencial, que la negociación tenga presencia de la prensa y que no haya consecuencias penales ni sanciones de otro tipo contra los manifestantes.
A pesar de que la carta exigía una mesa bilateral, Corrales dijo hoy que se «malinterpretó» el contenido y que el movimiento está dispuesto a sentarse en una mesa multisectorial.
«El presidente está preso de la derecha costarricense que le dice que no tenga el diálogo», afirmó Corrales, quien responsabilizó al Gobierno de cualquier acto de violencia.
El presidente Alvarado ha llevado a cabo reuniones durante los últimos días con algunos sectores, pero mantiene su posición de no hablar con el grupo que organiza las protestas si no levantan los bloqueos.
Déficit preocupante
Costa Rica cerrará el 2020 con un déficit fiscal del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB), una deuda acumulada cercana al 70 % del PIB y una caída económica del 5 %, según las proyecciones oficiales.
El Gobierno planteó como un paliativo a la situación la negociación del acuerdo con el FMI, pero esto fue rechazado por sectores políticos, productivos y sociales porque el 80 % de la propuesta estaba basada en impuestos.
La iniciativa pretendía crear la renta global y un impuesto a las transacciones bancarias, y además aumentaba el de la renta y el de los bienes inmuebles.
El restante 20 % correspondía a la fusión de instituciones y la venta de dos activos: la Fábrica Nacional de Licores y el Banco Internacional de Costa Rica.
Esta iniciativa apareció a menos de dos años de que el Congreso aprobó una polémica reforma tributaria impulsada por el Gobierno.
