Partidos, movimientos sociales, expertos y medios de comunicación inician este domingo un profundo debate sobre la forma como las FARC se integrarían a la vida política tras un eventual acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia.
Esos sectores se congregarán en un foro de tres días organizado por la ONU y la Universidad Nacional de Colombia, al que se sumarán protagonistas de procesos de paz en otras partes del mundo, como El Salvador, Sudáfrica o Filipinas, para explicar sus experiencias.
El director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, explicó a Efe que este foro «es un mensaje a la sociedad de que los negociadores del Gobierno y las FARC están ad portas de terminar el primer punto».
Con el «primer punto» se refirió al problema de la tierra, causa originaria del conflicto colombiano y con el que se inició el diálogo en noviembre pasado, al que seguirá el segundo tema: la controvertida participación política de la guerrilla.
«El ambiente que se genere va a favorecer el proceso», apuntó Vargas, quien detalló que el objetivo es «crear una masa crítica que apoye cada vez más a la mesa de La Habana desde la distancia».
Pero este foro también contribuirá a concienciar a la sociedad, muy dividida en torno a la posibilidad de que las FARC se integren a la vida política, y por ello entre los participantes estarán los directivos de medios de comunicación.
Autoridades, expertos y víctimas del largo conflicto armado coinciden en que el momento en el que se encuentra el proceso es clave y las garantías para ejercer la oposición política son fundamentales para avanzar.
«De ese foro sobre las garantías depende el proceso de paz en su conjunto», reconoció a Efe el copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda, quien observó que hay razones para pensar que sí es posible la llegada de los guerrilleros a la vida política, pero para ello hace falta «voluntad».
Esa voluntad pasa porque «se acabe con cualquier tipo de propaganda o discurso que estigmatice al grupo» armado y con gestos tanto del Estado como de la guerrilla que incluyan el reconocimiento de las víctimas que ha dejado la confrontación armada en cada bando.
El congresista recordó que el asesinato sistemático de más de 3.000 integrantes de la Unión Patriótica (UP), nacida en 1985 en virtud a un acuerdo entre la guerrilla y el Gobierno de entonces, «reforzó en el imaginario de las FARC la imposibilidad de participar por las vías legales y electorales en los procesos políticos».
«Pero se ha demostrado que es posible cuando se quiere. Si el establecimiento político tiene voluntad es posible llegar a procesos de participación», agregó Cepeda, al exponer que pese a los sucesos de la UP el caso más evidente de éxito fue el de la guerrilla del M-19.
En declaraciones a Efe, Vera Grabe, exguerrillera del M-19 y la primera congresista que tuvo ese grupo armado tras su desmovilización en 1990, se mostró convencida de que las FARC pueden pasar a la legalidad siempre y cuando abandonen las armas.
También adelantó que todo proceso de paz «implica algún nivel de impunidad» y justificó esa afirmación en que «ninguna guerrilla va a dejar las armas y salir a la plaza pública si no tiene garantías».
Iván Cepeda y Vera Grabe coincidieron en que para que se den esas garantías hay que buscar mecanismos dentro de la justicia transicional.
En el caso del congresista, hijo del asesinado senador de la UP Manuel Cepeda y presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), indicó que esas alternativas deben surgir de un debate nacional en el que participen las víctimas, del desmantelamiento de las estructuras paramilitares y de una depuración de las Fuerzas Armadas.
Y para Grabe, «hoy existe una Corte Penal Internacional (CPI) que marca pautas, pero también se deben sopesar las ventajas que implica un proceso de paz».
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ha planteado como opción condenas suspendidas, es decir, que los autores de delitos graves sean condenados y sus penas se suspendan bajo condiciones.
De esa justicia transicional, de las garantías para ejercer la política, del rechazo popular y de las experiencias internacionales tratará el foro de la ONU y la Universidad Nacional, cuyas conclusiones irán a parar a la mesa de La Habana.
Bogotá, 27 abr (EFE).-
