La interrupción legal del embarazo de una niña de diez años, fruto de supuestos abusos en el seno de su familia, ha reavivado la polémica sobre el aborto en Brasil, un país con una restrictiva legislación para esa práctica y que enfrenta a grupos conservadores y de defensa de los derechos de las mujeres.
Desde que la Justicia autorizó el viernes a que se le practicara un aborto legal a la menor y los médicos en la ciudad de Vitoria (sudeste) se negaran por motivos de conciencia, la menor y su familia enfrentaron un viacrucis que, desde el punto de vista clínico, terminó este lunes con el final del procedimiento quirúrgico en Recife (noreste).
La menor «puede ser dada de alta a cualquier momento. Fue un procedimiento inducido, todo de acuerdo con el protocolo de seguridad y de forma efectiva, reduciendo al máximo el sufrimiento de la niña y hoy (lunes) está muy aliviada», dijo a EFE el médico Olimpio Moraes, responsable por la realización del procedimiento.
En la decisión, el juez Antonio Moreira Fernandes, del Tribunal de Justicia del estado de Espírito Santo, determinó la realización «inmediata» del aborto por procedimiento inducido o por cirugía.
Moreira Fernandes argumentó haber tenido en cuenta la evaluación psicológica y el deseo de interrumpir la gestación de la propia menor.
En Brasil, el aborto solo está permitido en casos de violación, si la gestante corre riesgo de muerte o cuando el feto presenta anencefalia.
Sin embargo, la polémica, muy recurrente en Brasil, se reavivó debido al eco mediático del caso y a las manifestaciones de activistas a favor y en contra del aborto en las afueras del hospital.
Como factor para los que respaldaban el procedimiento, contó el hecho de que la familia de la niña, que es negra y de escasos recursos, tuviera que desplazarse 1.848 kilómetros en avión hasta otra ciudad Recife (estado de Pernambuco) para poder cumplir con la interrupción del embarazo.
La Fiscalía regional de Espírito Santo, de la que Vitoria es su capital, abrió una investigación por la supuesta presión de grupos religiosos, tanto evangélicos como católicos, para intentar persuadir a la familia de la menor para que no se realizara el aborto.
El supuesto responsable, un tío de la menor de 33 años que presuntamente realizaba los abusos desde que la niña tenía seis años, está prófugo de la Justicia.
