Bolivia cumplió este lunes ocho días de protestas en contra del aplazamiento de las elecciones, cuyos efectos ponen más en riesgo en plena pandemia su precario sistema de salud y empiezan a afectar a sectores económicos como los pequeños productores agrarios.
Los sectores movilizados a instancias de la Central Obrera Boliviana (COB) y el llamado Pacto de Unidad, que agrupa a sindicatos de campesinos e indígenas afines al partido del expresidente Evo Morales, mantienen cortadas varias rutas bolivianas, tras dos intentos fallidos de diálogo que hubo el fin de semana.
Los bloqueos con neumáticos, piedras o escombros se mantienen en regiones donde la tensión es más notoria como la central Cochabamba, en lugares estratégicos que conectan con Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia y capital financiera del país, o La Paz, sede del Gobierno y del Parlamento bolivianos.
En esta jornada hubo concentraciones en algunos puntos de bloqueo en La Paz y Cochabamba, donde los manifestantes reclamaron elecciones en la fecha antes prevista del 6 de septiembre, en vez de posponerlas al 18 de octubre, aunque también hubo voces que pidieron la renuncia de la presidenta interina, Jeanine Áñez.
En las concentraciones en Cochabamba se advirtió que muchos de los asistentes no llevaban mascarillas, ni guardaban la distancia física exigida dentro de las medidas sanitarias contra la COVID-19.
Alerta en los hospitales
El Gobierno interino ha denunciado que los bloqueos impiden el paso de cisternas y camiones que llevan oxígeno medicinal, insumos médicos e incluso alimentos, aunque los movilizados aseguran que les están permitiendo avanzar.
El puente aéreo dispuesto por las autoridades nacionales para trasladar el oxígeno a las regiones donde hace falta no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de hospitales en departamentos como La Paz y Cochabamba, donde varios centros de salud se declararon en emergencia.
Los médicos han advertido de que el oxígeno se agota, circunstancia que pone en riesgo a los enfermos con la COVID-19 y otros pacientes, como los doce bebés recién nacidos en el Hospital de la Mujer en La Paz.
«En el momento que les quiten el oxígeno de imprevisto, se mueren», dijo este lunes con la voz entrecortada el doctor Luis Bedregal, neonatólogo de ese hospital, cuyo tanque generador que nutre de este elemento al centro está en cero.
El camión cisterna que suele recargar el oxígeno líquido al hospital no ha podido llegar por los bloqueos, ante lo cual han tenido que recurrir a tubos de reserva que ya dan para poco.
La falta de este elemento ha provocado la muerte de al menos una treintena de personas, según datos del Ministerio de Salud.
La Alcaldía paceña reportó este lunes el fallecimiento de dos pacientes con la COVID-19 en uno de los hospitales municipales por falta de oxígeno y otros treinta «están en riesgo».
Una caravana de camiones escoltada por militares y con acompañamiento de la Cruz Roja partió en esta jornada desde Santa Cruz con 66 toneladas de oxígeno medicinal para La Paz, Cochabamba y Oruro.
Afectaciones y denuncias
Los bloqueos de rutas han puesto contra las cuerdas a productores agrícolas y ganaderos, cuyos productos están parados en las carreteras, echándose a perder sin poder llegar a destino en las ciudades, donde ya se advierte la falta de algunos alimentos como la carne.
La desesperación y el enojo llevaron a los lecheros de Cochabamba a arrojar varios litros de leche que no han podido distribuir en el edificio de la Gobernación y en la sede de la Central Obrera Departamental.
Los productores lanzaron duras críticas contra la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, del partido de Morales, por no frenar los conflictos, y contra el máximo dirigente de la COB, el minero Juan Carlos Huarachi, por promover las protestas.
También se pronunció la Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Paz, que expresó su «profunda preocupación» por el desabastecimiento producto de los bloqueos y pidió garantías para que no falten alimentos «a precio justo».
Las protestas han derivado en una nueva denuncia penal contra Evo Morales, los candidatos de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce y David Choquehuanca, Juan Carlos Huarachi y ocho personas más, por los supuestos delitos de genocidio, terrorismo, atentado a la salud pública y contra la libertad de transporte.
Las elecciones ya se habían pospuesto de mayo a septiembre por la emergencia sanitaria en el país por el coronavirus, que acumula 3.640 fallecidos y 89.999 casos de la COVID-19, según datos oficiales.
