Las amenazas e intimidaciones del gobierno a los opositores persisten en Cuba y se manifestaron en «niveles récord» de detenciones temporales en 2012, según indicó hoy el Gobierno de Estados Unidos, que pidió además una investigación independiente del caso del fallecido disidente Oswaldo Payá.
Según el informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo, enviado hoy al Congreso, el Gobierno cubano practica detenciones «políticamente motivadas» y de corta duración, «en ocasiones violentas», que marcaron «niveles récord» en 2012.
Estados Unidos se basa para hacer esa observación en datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación, que contó «aproximadamente 6.600 detenciones a corto plazo durante el año» 2012, frente a las 4.123 que registró en 2011.
Destaca además que, hacia finales del año pasado, «el Gobierno seguía negándose a atender las peticiones de una investigación independiente sobre el accidente de tráfico del 22 de julio, que mató al prominente líder de la oposición Oswaldo Payá».
Payá falleció junto a otro disidente, Harold Cepero, en el citado accidente, tras lo que el conductor del vehículo, el político español Ángel Carromero (del Partido Popular), fue condenado por la Justicia cubana a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente debido al exceso de velocidad.
Carromero pudo volver a España en diciembre del pasado año, a raíz de un convenio entre los dos países para que cumpliera la condena en su país; y la familia Payá sostiene que el accidente fue provocado por agentes del Gobierno cubano, quienes supuestamente embistieron con otro automóvil el vehículo que conducía Carromero.
El informe señala, además, que el Gobierno de Raúl Castro «empleó amenazas, intimidación, turbas y acoso para evitar la libertad de expresión y reunión pacífica», indicó.
La mayor parte de los abusos en Cuba, según el Departamento de Estado, son «actos oficiales» cometidos «por instrucciones del Gobierno», por lo que sus responsables «permanecen en la impunidad».
A su lista de abusos el Departamento de Estado añade el ilegal uso de la fuerza, las duras condiciones de las prisiones, la negación de juicios con garantías, la interferencia de las comunicaciones privadas y las restricciones de acceso a internet.
El Gobierno de Estados Unidos recuerda que en Cuba solo existe un partido legal, que es el Partido Comunista, no hay libertad de prensa, y se mantienen los límites a la libertad de movimientos y a las practicas religiosas de algunos grupos.
Tampoco son reconocidos las asociaciones de derechos humanos, ni el derecho de los trabajadores a los sindicatos independientes.
El Gobierno de Estados Unidos destaca desde hace años la situación de Cuba sobre la de otros países de Latinoamérica en su informe anual de derechos humanos, que sirve como guía para que los legisladores estadounidenses decidan sobre la ayuda exterior que conceden a cada país.
EFE
