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El presidente brasileño, Michel Temer, buscaba el miércoles contrarrestar la crisis que golpea a su gabinete luego de que la corte suprema autorizó investigar a ocho ministros, un tercio del Senado y unos 40 diputados por sospechas de corrupción.
La lista apunta contra el núcleo duro del Legislativo y del Ejecutivo, que formaron una sociedad estrecha desde que el conservador Michel Temer llegó a la presidencia el año pasado, tras la destitución de Dilma Rousseff por manipular cuentas públicas.
El Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó 76 procesos contra 98 personas, que involucran a ocho ministros –inicialmente se reportaron nueve, pero la corte aclaró que un caso fue devuelto a la Fiscalía para ser revaluado–, un tercio del Senado (24 de 81), casi 40 diputados y tres gobernadores, sin distinción de ideologías.
La noticia literalmente vació al Congreso en la víspera y amenaza las reformas económicas que impulsa el Gobierno para enfrentar la recesión. Pese a las tensiones, Temer buscó transmitir normalidad durante un evento en Brasilia. “El Gobierno no para”, afirmó. “El Ejecutivo ejecuta, el Legislativo legisla y el Judicial juzga. Cada uno ejerce sus funciones y nada deberá paralizar la función gubernamental”.
Para el politólogo César Carvalho, de la consultora CAC, el presidente “está haciendo lo que el manual manda”: minimizar la crisis, ganar tiempo y esperar que los dilatados plazos de la Justicia jueguen a su favor. “Mientras tenga el apoyo del Congreso, el gobierno de Temer resiste, siendo popular o no”, agregó, en referencia al magro apoyo que tiene entre los brasileños, de apenas 10 por ciento. Brasil tendrá elecciones generales en octubre del año próximo.
El politólogo de la Universidad de Brasilia David Fleischer cree que Temer sentirá el golpe sobre su primer círculo de asesores y podría haber deserciones en su coalición.
“El ya debilitado presidente Temer quedará aún más débil y quizá pierda el control de su grupo de apoyo en el Congreso, donde hay muchos desesperados, mirando sus posibles reelecciones en 2018”, escribió en un informe.
El alcance de la investigación del vínculo entre política y finanzas opacas se constata en los cuatro expresidentes mencionados en la lista. El hoy senador Fernando Collor (1990-1992) será investigado por el STF y los casos de los exmandatarios Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), sin fueros, fueron remitidos a tribunales inferiores.
Lula ya enfrenta cinco procesos vinculados al extenso esquema de corrupción conocido como Lava Jato. El próximo 3 de mayo, el hombre que lidera los sondeos de intención de voto para 2018 se verá cara a cara con su némesis: el juez Sergio Moro, convertido en ícono de la lucha contra la corrupción.
El propio Temer ha sido rozado por el escándalo, aunque la Constitución impide investigarlo, y medios locales dijeron que el expresidente José Sarney (1985-1990) también fue salpicado por las confesiones de Odebrecht. De corroborarse, estarían involucrados todos los ocupantes del Palacio de Planalto desde el retorno de la democracia a mediados de los años 80, a excepción de Itamar Franco (1992-1995), quien falleció. “Es el fracaso de un sistema”, resumió un asesor del oficialismo.
Mientras aún se espera que sean revelados los detalles de las acusaciones de Odebrecht, la estrategia de los políticos pasa por conseguir que los eventuales delitos sean considerados violaciones a la justicia electoral, que tiene condenas mucho más leves que las de corrupción. En definitiva, que se juzgue como fondos de campaña no declarados, en vez de dinero recibido a cambio de favores.
A esa lucha partirían nombres de peso señalados por la Justicia, como Eliseu Padhila, jefe de Gabinete; Wellington Moreira Franco, secretario general de la Presidencia –ambos del PMDB de Temer–, y el canciller Aloysio Nunes, del PSDB (centro), principal aliado de la coalición en el poder.
Temer anticipó que suspenderá transitoriamente a sus ministros si las investigaciones de las “delaciones de Odebrecht” se convierten en denuncias.
AFP
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