La Comisión internacional Justicia Cuba divulgó hoy una lista de 42 acusados de delitos de lesa humanidad del castrismo, encabezada por el presidente Raúl Castro, junto con evidencia “sólida” para que sean “juzgados y condenados” en tribunales nacionales, internacionales o especiales.
Los nombres fueron dados a conocer hoy en Miami por el jurista mexicano René Bolio y el activista de derechos humanos y exreo político chino Yang Jianli, presidente y cofundador de la Comisión Justicia Cuba, respectivamente.
Además del presidente Castro, la “lista negra” incluye, a los funcionarios cubanos sindicados “directamente” de las muertes de 37 personas tras el hundimiento del remolcador “13 de marzo” en 1994 y de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate, dos años después.
Quince de ellos además están vinculados con la muerte de Orlando Zapata Tamayo, fallecido hace ocho años tras una huelga de hambre en una cárcel cubana y considerado uno de los principales símbolos de la disidencia cubana dentro y fuera de la isla.
Bolio dijo a Efe que se trata de casos bien documentados y con evidencia sólida de personas que han cometido crímenes de lesa humanidad que pueden ser juzgados en cortes de países que “tienen legislación que lo permite” como Alemania, España, Bélgica y también en cualquier corte nacional “porque se trata también de homicidios”.
Señaló que sólo dos de los acusados ya han sido “juzgados y condenados”: los tenientes coroneles Lorenzo Alberto y Francisco Pérez Pérez, quienes enfrentaron en ausencia a la Justicia en Estados Unidos por derribar las dos avionetas de la organización del exilio Hermanos al Rescate por cazas cubanos en 1996.
El jurista mexicano y Jianli explicaron que la idea es hacer uso de una gran variedad de mecanismos legales internacionales ya existentes para acabar con la impunidad que ha permitido que “actores del Estado”, en este caso de Cuba, violen los derechos humanos de “cubanos y venezolanos”.
Ello, mientras la Comisión avanza en la creación de un “tribunal especial”, que, según Bolio, tendrá como sede un país europeo y a la que se someterán cada vez más casos a medida que “vayan consolidando evidencias claras y sólidas”.
Bolio señaló que está en conversaciones con países europeos que pueden patrocinar la constitución de ese tribunal y que espera tener este año “acuerdos serios” al respecto.
Por otro lado explicó que la lista fue entregada el viernes pasado al Departamento de Estado de EE.UU. para conseguir que se prohíba la entrada en este país a los incluidos y se les congelen las cuentas bancarias que puedan tener aquí mientras son procesados.
Precisó que la idea es que enfrenten “sanciones administrativas preliminares”, amparados en leyes estadounidenses que castigan a violadores de derechos humanos.
Con la publicación de los nombres de los 42 acusados de delitos de lesa humanidad, los integrantes de la Comisión pretenden también que Interpol, la policía internacional, los incluya en su “lista roja”.
En ese sentido, Jianli se lamentó que la Interpol está “politizada” actualmente al estar presidida por el viceministro chino de Seguridad Pública, Meng Hongwei.
Jianli dijo que ello hace que la Comisión incremente su trabajo, no solo documentando los casos, sino expandiendo su trabajo “político y publicitario”.
En menos de un año desde su creación, la Comisión Justicia Cuba para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Castrista ha realizado dos audiencias públicas, una en Miami y la otra en Washington.
Para este año están previstas otras dos audiencias, dijo Bolio a Efe, en la que comparecerán más víctimas y testigos de delitos que corresponden a la categoría de lesa humanidad.
Bolio enfatizó que la lista tiene una serie de “nombres que se repiten” no solo en la línea de comando, tanto del fallecido Fidel Castro como de su hermano Raúl, sino que se cierra con los ejecutores”.
Ambos además hicieron un llamado a los funcionarios cubanos que no han cometido dichos crímenes para que se inhiban de hacerlo si no quieren enfrentar en el futuro juicios y sanciones internacionales.
Entre tanto, Silvia Iriondo, presidenta de Madres y Mujeres contra la Represión (MAR), quien acudió a la rueda de prensa, resaltó que ningún cubano hace parte de la Comisión, que fue creada por activistas de derechos humanos y políticos en marzo del 2017 “tras el aumento de represión” en la isla, particularmente contra mujeres opositoras y sus familias.
La Comisión la integran diez abogados de diez naciones de Europa, América y Asia.
