Bogotá, 18 ago (EFE).- Las manifestaciones antigubernamentales han vuelto a la actualidad latinoamericana, pero a diferencia de otras épocas ahora los gobernantes cuestionados en las calles son en su mayoría de izquierda, aunque no ven las protestas como un reflejo de la genuina voz del pueblo, sino como intentos desestabilizadores.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, activo participante en las protestas sociales que acabaron en 2003 con el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y tuvieron en jaque a los que siguieron hasta su victoria en las elecciones de 2005, es uno de los que defienden que detrás de las manifestaciones actuales hay intereses ocultos.
Morales aseguró en una reciente entrevista con un diario argentino que «hay una ofensiva contra los países con Gobiernos antiimperialistas» mediante diversas formas de «agresión política», una opinión que han defendido también otros mandatarios del bloque bolivariano.
Esa supuesta ofensiva fue el tema central de una reciente reunión extraordinaria de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en Caracas y de la primera sesión celebrada este año en el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, en Montevideo.
La canciller venezolana, Decly Rodríguez, anfitriona de la reunión de la ALBA, anunció un plan de acción contra los «golpes suaves» con los cuales se busca «derrocar gobiernos legítimos y constitucionales que cuentan con el aval de sus pueblos, pero que no cuentan con el aval de los centros imperialistas».
Desde la capital uruguaya el presidente del Parlasur, el venezolano Saúl Ortega, apuntó a «los movimientos sediciosos» que amenazan a «los procesos democráticos» de la región.
«El Parlamento del Mercosur declara expresar la plena vigencia de la democracia en los países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), y su respaldo a la voluntad soberana expresada en las urnas y a la legalidad de los Gobiernos democráticamente electos en la región, como reaseguro de la plena vigencia de los derechos humanos», señala la declaración de esa reunión.
El último presidente latinoamericano expulsado del poder por la presión en las calles fue Lucio Gutiérrez en Ecuador, quien fue destituido por el Parlamento en 2005 en medio de multitudinarias protestas.
No hubo tales movilizaciones en contra del Gobierno antes de que José Manuel Zelaya fuera depuesto de la Presidencia de Honduras en 2009 por un golpe de Estado, ni cuando Fernando Lugo fue destituido en 2012 como presidente de Paraguay mediante un juicio en el Senado.
El hoy mandatario de Ecuador, Rafael Correa, tuvo un papel protagonista en la rebelión ciudadana de los «forajidos», como se conoció el movimiento que llevó a la destitución de Gutiérrez.
Hoy Correa, que asumió el poder en 2007 y como Morales ha sido varias veces reelegido, afronta las protestas de la principal organización indígena de su país, de sindicatos y de otras personas que no están de acuerdo con algunas de sus políticas, como el proyectado y por ahora archivado aumento de los impuestos a las herencias y las plusvalías.
Correa afirma que las protestas tienen como fin desestabilizar al gobierno y subraya que los que han salido a las calles le hacen «el juego a la derecha», lo que indígenas y sindicatos han negado.
Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, es la que afronta las manifestaciones más multitudinarias, en un contexto de crisis económica creciente y de graves casos de corrupción que han llevado a la cárcel a políticos y empresarios.
Se calcula que unas 900.000 personas salieron a las calles este domingo en más de 200 ciudades en Brasil para pedir la renuncia de Rousseff, a la que grupos de oposición quiere someter a un juicio político con fines de destitución.
Rousseff, cuya popularidad está por lo suelos (8 %), inició el 1 de enero de 2015 su segundo mandato, que es el cuarto consecutivo del Partido de los Trabajadores (PT), muy tocado por los escándalos de corrupción aunque hasta ahora han rozado nada más al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, el fundador de esa fuerza.
En Venezuela la situación económica es peor que en Brasil y el presidente Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez, que gobernó de 1999 a 2013, la atribuye a «una guerra económica» contra su Gobierno, pero la oposición, que perdió un pulso en las calles contra el Ejecutivo en 2014, está centrada en las elecciones legislativas de diciembre, más que en convocar protestas.
Morales, que por ahora no ha tenido que ajustar la economía, también ha tenido su correspondiente oposición en las calles.
Hasta el 3 de agosto pasado un movimiento cívico de Potosí mantuvo aislada y paralizada a esa ciudad minera durante 27 días para reclamar a Morales que cumpliera con sus promesas y tomara medidas para ayudar al desarrollo de esa zona del país.
Morales sostuvo que los dirigentes potosinos, con los que no quiso dialogar, recibieron financiación y respaldo de «la derecha», algo que ellos niegan.
Ana Mengotti
