Varios miles de personas se concentraron este domingo en Barcelona para defender un referéndum sobre la independencia de Cataluña, que el gobierno regional pretende organizar a principios de octubre pese a su prohibición.
Delante del palacio de Montjuïc, el exentrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, ferviente independentista, leyó un manifiesto ante los asistentes -30.000, según el ayuntamiento; 47.000, según una fuente independentista- y el presidente autonómico, Carles Puigdemont.
«Votaremos aunque el Estado español no lo quiera […] No tenemos otra salida: la única respuesta posible es votar», lanzó en catalán, castellano e inglés, pidiendo el apoyo de la comunidad internacional contra «los abusos de un Estado autoritario».
Carles Puigdemont anunció el viernes que el 1 de octubre se celebrará un referéndum, prohibido por el Tribunal Constitucional español, sobre la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes del noreste de España, que tiene una lengua y cultura propias.
En caso de victoria del «sí», los independentistas prevén iniciar la «desconexión» de España. El Gobierno español, dirigido por el conservador Mariano Rajoy, se opone a esta votación y ha declarado que la impedirá, sin precisar cómo lo hará.
«Creo que la independencia es la única salida», declaró Ramon Fon, jubilado de 67 años, que asistió a la concentración, organizada por asociaciones independentistas.
«Quiero el referéndum como un primer paso, y si mi posición es mayoritaria, alcanzar la independencia», agregó, con la bandera estrellada de los independentistas a la espalda.
Según un sondeo de un instituto gubernamental catalán, más del 73% de los catalanes está a favor de que se celebre un referéndum basado en el que Escocia organizó en 2014 con el acuerdo del Gobierno británico, una opción que Madrid rechaza.
Una pequeña mayoría (48,5% contra 44,3%) se opone a la independencia, según el mismo sondeo.
En noviembre de 2014, el Ejecutivo regional organizó una «consulta» simbólica, prohibida por Madrid, sobre la independencia: 2,3 millones de personas, de 6 millones de electores potenciales, participaron y 8 de cada 10 votaron a favor de la secesión.
Esto le costó al presidente autonómico de aquel momento, Artur Mas, ser condenado en marzo a dos años de inhabilitación.
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