El ministro federal de Comercio Internacional François-Philippe Champagne anunció este miércoles la creación del cargo de Defensor Canadiense para la Empresa Responsable, OCER por sus siglas en francés, el primero en su género en el mundo.
“La creación de este cargo testimonia del compromiso del gobierno en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos a escala internacional y hace de Canadá un líder mundial en materia de derechos humanos y empresas”, se puede leer en un comunicado del Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional, CCCI.
“Es una gran victoria para la sociedad civil y en particular para las organizaciones canadienses que piden la creación de este cargo desde hace más de 10 años” afirma Julia Sánchez, presidenta y directora general del Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional, CCCI.
El nuevo defensor tendrá un gran poder de investigación, orientado inicialmente sobre la industria extractiva canadiense a nivel internacional, en particular las minas, el petróleo, el gas y sector de la confección.
Puesto que las compañías mineras canadienses dominan la industria, es lógico que Canadá sea el primer país en oficializar este cargo, estableciendo así un hito mundial para garantizar una conducta responsable de los negocios a nivel mundial.
Un Consejo consultivo multipartita también fue creado para que aconseje al ministro y a Asuntos Mundiales Canadá sobre los temas relacionados a la conducta responsable de las empresas y a la diligencia razonable en materia de derechos humanos de las compañías canadienses que ejercen sus actividades en el extranjero.
La Red Canadiense sobre la Rendición de Cuentas de las Empresas, (RCRCE por sus siglas en francés) y el Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional, (CCCI por sus siglas en francés) forman parte de este consejo consultivo.
Tareas del defensor
- Investigar de forma independiente sobre las alegaciones de violación de los derechos humanos relacionadas a las actividades de las empresas canadienses en el extranjero;
- Buscar a resolver los diferendos o conflictos entre las colectividades afectadas y las empresas canadienses;
- Informar de una forma independiente, recomendar medidas correctivas y garantizar su instauración;
- Hacer recomendaciones en materia de reforma de políticas y leyes.
